Ica: Informales rompen mesa de diálogo y persisten en bloqueos de la Panamericana Sur

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) asegura que dicha norma no es el problema, sino la informalidad, pues compañías de este sector no cumplen con otorgar el régimen a sus trabajadores.

Alejandro Fuentes, presidente de AGAP, explicó a Perú21 que el régimen laboral agrario otorga los mismos derechos laborales de remuneración que el régimen general como el pago de CTS y gratificaciones (en ambos casos se asigna por una alícuota diaria), vacaciones de 30 días, acceso a utilidades, retribución por horas extras, por despido arbitrario, entre otros.

“El problema es que existen empresas que incumplen la ley y vulneran así los derechos de trabajadores, lo cual es inaceptable”, acotó.

El presidente del gremio indicó que, ante esta situación,la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Ministerio de Trabajo y empresas del sector deben intervenir para evitar abusos contra trabajadores.

Fuentes agregó que la vulneración a los derechos de trabajadores se debe también a que empresas agrícolas “sacan la vuelta a la ley” y acuden a services para tercerizar los servicios. “Está prohibido y por ello deben ser sancionados”, acotó.

“La remuneración promedio mensual de empresas formales agrícolas es S/1,175.70, muy por encima de la remuneración mínima vital (S/930)”, resaltó Fuentes sobre el régimen laboral agrario. Precisamente, una razón que se atribuye a la vulneración de derechos laborales de trabajadores es la alta informalidad en Ica. Con data hasta 2018, esta región registra más del 60% de informalidad, aunque es la segunda más formal del país después de Lima (ver recuadro y columna).

Alrededor del mediodía, se inició la primera ronda de diálogo entre representantes del Ejecutivo y manifestantes en la Universidad San Luis Gonzaga con el objetivo de poner fin a los bloqueos en la Panamericana Sur. Por parte del Gobierno participaron el viceministro de Trabajo, José Luis Parodi; la viceministra de Políticas Agrarias, María Isabel Remy; el subsecretario de Diálogo del Consejo de Ministros, Juan Carlos Gutiérrez, y asesores del Ministerio de Agricultura.

Los más de 15 representantes de los trabajadores que participaron en la reunión tuvieron como punto en común la eliminación de la Ley de Promoción Agraria. Una mujer que se identificó como Melissa, dirigente del sector de Barrio Chino, dijo que el régimen laboral “recorta las gratificaciones de julio y diciembre”.

Por otro lado, Roy Guerrero, del sindicato de Agrokasa, manifestó que dicha norma “beneficia a las empresas y nosotros que trabajamos el doble y ganamos una mísera remuneración de S/39”. Una dirigente que se identificó como Luz Inclán confirmó que las services son el problema y exigió la eliminación de estas porque “nos llevan con engaños, mentiras y no pagan a los trabajadores”.

También hubo personas que no dieron su nombre, como un joven que solo indicó ser de Santiago, estudiante universitario y quien exigió “una nueva Constitución, estamos hartos de abusos. Ica es tierra de empresarios”.

Estos pronunciamientos llenos de insatisfacción por parte de los trabajadores refuerzan la presencia del sector informal. Christian Sánchez, exministro de Trabajo, indicó en RPP que de los 270 mil trabajadores que están en planilla electrónica dentro del régimen laboral agrario, el 85% solo están en 15 empresas.

Tras varias intervenciones, se rompió el diálogo con el Ejecutivo luego de que este expresó que solo recopilarían datos y los pliegos de diálogo, según explicó a Perú21 el representante de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández. Otra de las razones es que hubo una división entre los protestantes, pues un grupo pedía que participen en el diálogo los congresistas Fredy Condorí (APP) y Lenin Bazan (Frente Amplio); otros rechazaron esta propuesta.

Al cierre de esta edición, el bloqueo en la Panamericana Sur continuaba en distintos puntos de Ica y seguía afectando el derecho de libre tránsito de cientos de buses interprovinciales y camiones de carga que están detenidos desde el lunes.

El 99% de empresas en el Perú son micro y pequeñas antes de la pandemia, y el 84% eran informales. Ese porcentaje por la actual crisis ha aumentado, calculo que sería el 90%. Y estimo que alrededor del 72% y 80% de la población económicamente activa es informal. En el actual contexto de crisis, dicha informalidad ha aumentado, tanto para empresas y trabajadores.

Estas empresas informales contratan a personas que aceptan ingresos menores a la remuneración mínima vital, y estas aceptan dichas condiciones por la necesidad causada por la crisis.

Lo que ocurre en Ica es una mezcla de incomodidad, de insatisfacción por la situación en que están los trabajadores por la aguda recesión, y de paso se quiere arrastrar a un sector formal que ha tenido mucho éxito y ha generado mucho trabajo. Sería un contrasentido eliminar el régimen laboral agrario.

Al menos tres inmuebles de empresas del sector agrícola fueron atacadas por vándalos en el marco de las protestas de ayer en Ica. Manuel Yzaga, miembro del sector agroexportador, indicó a Perú21 que los daños fueron dirigidos contra las propiedades de las compañías Agrokasa, Beta y Miranda.

“Han roto puertas, cercas y algunos linderos de los campos han sido derribados al piso”, expresó Yzaga.

El agroexportador indicó, además, que los empleados de los fundos fueron amenazados por los manifestantes si intentaban volver a laborar en estas instalaciones.

Uno de los inmuebles que fueron atacados pertenece al complejo agroindustrial Beta. Según su gerente general, Lionel Arce, una turba de alrededor de 300 personas irrumpieron en el sector sur del fundo Santa Margarita y destruyeron la garita de seguridad.

“Hicieron grandes daños a la propiedad y a la producción de uva que está por comenzar. Hubo quema de cercos y han roto material de vigilancia”, precisó Arce a este diario.

El empresario envió un grupo de fotografías a Perú21 que muestran los daños causados por manifestantes: un barril que fue incendiado en el ingreso, las ventanas de la garita de seguridad destrozadas, la puerta de ingreso derribada y quemada, y los papeles arrojados por los alrededores.

“No es justo que los trabajadores sean utilizados de esta manera por personas que ni siquiera dan la cara. Se están escondiendo y no dan la cara”, criticó Arce.

Asimismo, comentó que la Policía no estaba presente en el momento de los ataques a la propiedad. “Llegaron unos cinco efectivos, pero ya cuando todo había pasado”, precisó.

Actos de violencia también se perpetraron en las instalaciones de la Agrícola Miranda. Según un comunicado publicado en las redes sociales de la empresa, “un grupo de protestantes hicieron destrozos en las oficinas, el personal de seguridad y algunas personas que viven en el fundo estuvieron en peligro”.

La empresa difundió imágenes en las que se observan los vidrios rotos de un inmueble del fundo así como una camioneta que fue incendiada.

De igual manera, en el fundo La Catalina, que pertenece a la compañía Agrokasa, un grupo de manifestantes prendió fuego a un barril en la garita de ingreso del inmueble.