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Fiscalía pide cárcel para agentes del INPE que torturaron a reclusa
El Ministerio Público solicitó nueve meses de cárcel para siete agentes que golpearon a la víctima hasta generarle fractura del pie. Conoce aquí la historia.
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El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra siete agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por las lesiones que le causaron a una interna del penal de Huaraz, en la región Áncash.
A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), se dio a conocer esta noticia: “La Fiscalía Especializada en DD.HH. e Interculturalidad de Áncash y Santa solicitó prisión preventiva contra siete agentes del INPE por la presunta comisión del delito de tortura, en agravio de una interna del Centro Penitenciario de Huaraz”.
?? Fiscalía Especializada en DD.HH. e Interculturalidad de Áncash y Santa solicitó prisión preventiva contra siete agentes del INPE por la presunta comisión del delito de tortura, en agravio de una interna del Centro Penitenciario de Huaraz.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 11, 2024
???? Más info:https://t.co/LP6EvP4vx7 pic.twitter.com/YzpT6QcIsC
¿QUÉ PASÓ?
El 18 de mayo de este año, los agentes del INPE, entre ellos tres mujeres y cuatro hombres, engrilletaron a la víctima. Luego, la desnudaron y la golpearon varias veces hasta generarle varias heridas e, incluso, fracturarle el pie.
De acuerdo con la investigación fiscal, después de la agresión, la dejaron abandonada al interior de una celda del penal de Huaraz.
Ella fue auxiliada por sus compañeras de pabellón y, al tomar conocimiento de estos hechos, el Ministerio Público dispuso la realización de diligencias preliminares con el fin de identificar a los presuntos responsables, así como la afectación física y psicológica de la agraviada.
Tiempo después se formalizó la investigación preparatoria en contra de nueve funcionarios del INPE. La Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva contra siete de ellos y comparecencia con restricciones contra otros dos trabajadores.
Además, la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial que se dicte medidas de protección para resguardar la integridad de la agraviada como el cambio de penal con carácter de urgencia.
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