La Contraloría General de la República informó que ha identificado una presunta responsabilidad penal y administrativa de 28 ex funcionarios y servidores de las Unidades de Gestión Educativa Locales de Mariscal Ramón Castilla, Loreto y Requena, en la región Loreto, por no atender oportunamente 55 denuncias contra docentes por delitos contra la libertad sexual.
De acuerdo a un comunicado de la Contraloría, los afectados son escolares de nivel primaria y secundaria de diversas instituciones educativas durante los años 2016 al 2018.
El informe de una Auditoria de Cumplimiento señala que la omisión de los ex funcionarios y servidores frente a las denuncias por violación sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y tocamientos indebidos en la UGEL de Mariscal Ramon Castilla (23 casos), UGEL de Loreto (21 casos) y UGEL de Requena (11 casos) impidió que los casos sean comunicados oportunamente al Ministerio Público y al Órgano de Control Institucional.
Además, hasta el 2018, los maestros denunciados continuaron enseñando en los colegios, ya que tampoco se dispuso su separación preventiva conforme lo establece el Decreto Supremo N° 004-2013-ED.
Se evidenció igualmente que no se iniciaron los procedimientos administrativos disciplinarios contra los docentes denunciados a fin de determinar la sanción o inhabilitación que correspondía, situación que conllevó a que los plazos legales se encuentren vencidos, transgrediendo el Reglamento de la Ley N° 27942, que regula las medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual.
Asimismo, no se adoptaron las acciones concernientes para la implementación del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes - SIMEX, para el registro de las denuncias desde el inicio hasta su culminación, permitiendo que no se ejerza la acción penal correspondiente.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría, para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales, respectivamente, contra los 28 ex funcionarios y servidores involucrados.
El documento fue notificado al Gobierno Regional y será comunicado al Ministerio de Educación como órgano rector de las políticas educativas nacionales para que tome conocimiento de las acciones que corresponden de acuerdo a sus competencias y atribuciones.
A la Dirección Regional de Educación Loreto, se le recomendó impulsar mecanismos de información, sensibilización, concientización y formación de los escolares, padres de familia y docentes en temas relacionados a salvaguardar la seguridad e integridad de los educandos en situaciones de amenaza a su integridad e indemnización sexual.