Un día después del Censo 2017 y las quejas sobre el proceso son numerosas: cientos de ciudadanos denuncian que no fueron censados, usuarios en redes sociales insisten en una serie de faltas cometidas por empadronadores (material incompleto, inasistencias, desconocimiento, entre otras quejas); página web y línea telefónica para consultas, colapsadas; dos casos de violencia y un estremecedor caso de violación. ¿Podría ser peor?
Lo cierto es que sí, podría ser peor, como el censo realizado por el INEI en 2005, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, que fue calificado por el presidente de la República Alan García como una "estafa" y tuvo que ser realizado de nuevo. El censo anterior se había realizado en 1993 y, sin embargo, alcaldes denunciaron que la densidad poblacional parecía no haber aumentado pese al paso de los años.
El mandatario ordenó iniciar un nuevo censo para corregir el proceso anterior, aunque hay quienes señalan que los resultados del nuevo proceso (realizado en 2007 y con apenas un 1% de diferencia), demostraron que los cuestionamientos eran falsos, y que lo que se quería era manipular las cifras para beneficio personal, según consigna el portal Servindi. De una u otra forma, no hubo sanciones ni para el Congreso ni para el jefe estadístico.
En entrevista con Perú21, Farid Matuk, quien fuera jefe del INEI en 2005, dijo que el censo de ayer da cuenta de que el Perú se quedó estancado más de una década. "En cuanto a la capacitación, no ha habido examen de evaluación, lo cual introduce un problema de calidad del empadronador", dijo el especialista.
Para la economista Patricia Teullet, se trata de un problema de comunicación. "Las personas no han sido informadas sobre por qué se hace un censo, no ha habido comunicación suficiente como para que hubiera conciencia sobre la importancia de este proceso", afirmó la especialista a Perú21.
Teullet recordó que en el censo de 1970 se preparó una intensa campaña de comunicación, cuyo lema era "sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta". "Ahí tienes una buena razón por la cual se realiza un censo", explicó, aunque agregó que aún es muy temprano para indicar si el reciente censo es válido o no.
El analista político Diethell Columbus, también columnista de Perú21, señaló que la peor consecuencia en la distorsión de las cifras del censo es "un impacto negativo en la ejecución de políticas públicas que el gobierno tiene que reforzar", razón por la cual el jefe del INEI, según su punto de vista, debería ser sustituido.
"Si lo vemos del punto de vista de la capacidad del gobierno de organizar un censo, ya vamos jalados", admitió Columbus. quien agregó que "el gobierno, a través del INEI, ha transmitido su falta de capacidad y ha tenido que recurrir de forma cuestionable al apoyo de privados y candidato políticos para poder financiar la actividad censal".
"Todo esto es una muy mala carta de presentación a nivel internacional", sentenció Columbus, para quien el censo debería hacerse de nuevo y bien, aunque advirtió que esto implicaría hacer nuevamente una inversión millonaria. Y si bien sería lo correcto, es poco probable que ocurra.
También conversamos con el analista político Carlos Meléndez. "No hay nada más elemental para el Estado que contar a sus miembros —partió diciendo el especialista— por eso, "si no puede hacerlo bien se afianza la desconfianza que tiene cualquier ciudadano frente al Estado".
"Hemos estado viendo un Estado débil y deficiente, trabajando en modo alianza publico-privada y, aun así, haciendo un censo que le salió mal", dijo Melendez. "Ahora, cualquier medida o política social ahora se verá deslegitimada con este censo", agregó.
En su opinión, el gobierno se confió demasiado. "Es paradójico que dos gobiernos considerados de 'lujo' -el de PPK y el de Sebastián Piñera, en el Chile de 2011- hayan fallado en algo tan elemental para el país".
Ocurrió en 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera —el primero de derecha desde 1989. Lo presentaron como "el mejor censo de la historia de Chile", pero los resultados un año después demostraron lo contrario: el país vecino omitió a al menos 9% de la población.
Por eso, una Comisión Externa Revisora encargada por el propio gobierno instaron a repetir el proceso de empadronamiento en 2015, tres años después. Tal como indica una nota del portal de la BBC, el "informe cayó como un balde de agua fría para la administración de Piñera".
Fallas en la planificación del censo y en el número de censistas, omisiones y faltas de transparencia en la publicación de los datos fueron la causa de un resultado desastroso.
Los errores en el censo de la población afectaron en la correcta asignación de fondos públicos para la población y la focalización de políticas públicas. Además, se sumaron cuestionamientos respecto a la cifra de disminución de la pobreza. 60 millones de dólares empleados en el censo tirados a la basura.
Todo esto empañó la confianza en las cifras y, en definitiva, afectó en la credibilidad de Chile (hasta la prensa internacional se pronunció al respecto), que era entonces el primer país de América Latina en formar parte de la OCDE.
Pero eso no fue todo. La consecuencia más directa de este desastre fue la renuncia del alcalde de Providencia, Francisco Labbé —una de las comunas más adineradas de Santiago—, luego de que Ciper (Centro de Investigación Periodística de Chile) denunciara que las cifras fueron manipuladas al presentar a los habitantes "estimados" como efectivamente empadronados.
El presidente Piñera reconoció errores en la planificación y la ejecución del censo y ofreció disculpas: "Quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por estos errores".
¿Quién ofrecerá disculpas en el Perú?