A un millón 200 mil dólares asciende el monto de las pérdidas económicas que dejaron los actos vandálicos del último domingo en el campamento de la empresa Caña Brava, en el distrito de La Huanca, provincia de Paita, región Piura.
El gerente de esta compañía, Rocco Zelota, precisó que las pérdidas comprenden el daño a cien hectáreas de cultivo de caña con su sistema de riego tecnificado, la destrucción de una motobomba, un tractor, excavadora, dos camionetas de propiedad de la empresa, una camioneta de un proveedor, cuatro motocicletas de Caña Brava, otras dos motocicletas de trabajadores, una cuatrimoto, entre otros equipos de oficina.
Rocco Zelota, mencionó que ya se ha entregado el material fílmico a la Policía para dar con la identificación de los autores de los hechos vandálicos. “Nosotros esperamos que el resultado de las investigaciones sea pronto, porque tanto Caña Brava como las comunidades vecinas necesitamos saber quiénes fueron los causantes”, puntualizó.
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El gerente de la empresa sostuvo que se trató de un fuego iniciado por personas inescrupulosas en el cerco perimétrico de las cien hectáreas dañadas, descartando que la empresa haga la quema de caña. “Nosotros no quemamos ni caña parada ni broza de caña desde hace más de cinco años, y no hemos tenido problemas con la población”, subrayó.
En tanto, los trabajos de la empresa Caña Brava no han paralizado, estas prosiguen en otros campamentos, y se espera la restauración de la zona afectada.
Por su parte, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura demandó agilizar las investigaciones para determinar las causas que habrían originado el incendio forestal ocurrido en el distrito de La Huaca, en la provincia de Paita, que afectó a la población del distrito en especial a los pobladores de C. P. Villa Santa Ana La Huaca, por la densa humareda, causando dificultades respiratorias en la jurisdicción y que además dejó cerca de 100 hectáreas de cultivo de caña de azúcar destruidas.
Según informó el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, representantes de la Fiscalía, Policía Nacional, Servicio Nacional Forestal (Serfor) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) llegaron a la zona para evaluar las circunstancias en que se habría originado el incendio y determinar responsabilidades.