En la huelga contra del proyecto minero Tía María, realizada en Arequipa el 2015 y que dejó cuatro personas fallecidas, no solo se habría cometido una serie de delitos, sino también un millonario perjuicio al Estado. Por ello, la Procuraduría del Ministerio del Interior solicitó el pago de una reparación civil de 100 millones 200 mil soles.
En caso se demuestre la culpabilidad de las 16 personas que imputa el Ministerio Público, se deberá cancelar el monto de manera solidaria. Entre los acusados figuran dirigentes, empresarios y autoridades de la provincia de Islay.
La Procuraduría desglosa su requerimiento argumentando que hubo cuatro delitos. Por asociación ilícita pide 100 millones 100 mil soles; por extorsión al Estado, solicita 50 mil soles; por entorpecimiento de los servicios públicos, 30 mil soles; y 20 mil soles por disturbios.
Willy Mamani Huanca, representante de la procuraduría, sostiene que la cifra fue valorizada por especialistas. Uno de los documentos considerados para fijar el monto fue el informe de la Cámara de Comercio e Industria de Islay, que concluye que en los 62 días de huelga se causaron pérdidas económicas al Estado por 100 millones de soles, debido a que se cerraron las vías y, por ende, se paralizaron las actividades comerciales, agrícolas, turísticas e industriales.
Los otros 200 mil soles corresponden al gasto efectuado por la Policía Nacional para recuperar el orden, como transporte y la alimentación de los agentes. Durante la violenta huelga, llegaron contingentes policiales de varias regiones, incluso arribó de Lima un grupo de la División Nacional de Operaciones Especiales.
La millonaria suma de reparación civil fue puesta a conocimiento de la jueza de investigación preparatoria Danitza Sánchez, quien decidirá si ese pedido es analizado en la etapa de juzgamiento.
CUESTIONAN PEDIDO
Los abogados de los acusados coincidieron en que el requerimiento de la Procuraduría no tiene sustento técnico. Héctor Herrera, quien es acusado y, además, defiende a un grupo de imputados, informó a Perú21 que el monto de la reparación civil deberá declararse improcedente, ya que no se ha sustentado con peritajes que se haya hecho el millonario daño al Estado.
Herrera teme que la Procuraduría pueda solicitar al juzgado el embargo de las cuentas y propiedades de los imputados, de tal forma que se asegure el pago de la reparación civil ante una eventual sentencia condenatoria.
Vladimir Fuentes, defensor de ‘Pepe´ Julio Gutiérrez, en el mismo sentido, consideró que el pedido del millonario pago carece de sustento técnico.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La pretensión de la Procuraduría se basa en la investigación de la fiscal especializada contra la criminalidad organizada, Alejandra Cárdenas Ávila, quien concluyó que en el valle de Tambo, provincia de Islay, se constituyó una red criminal para afectar al Estado.
La hipótesis es que el entonces presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez; así como el otrora alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz; y el vigente presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, lideraban la agrupación ilícita.
La investigación sostiene que José Ramos, burgomaestre de Punta de Bombón, fue un integrante pasivo; Richard Ale, alcalde provincial de Islay, fue financista y organizador, Julio Cornejo (alcalde electo de Cocachacra) el administrador de logística.
Además, detalla que Luis Justo, Martín Juárez y Esteban Pareja fueron organizadores en segundo grado. La pesquisa también concluye en que los empresarios Carlos Zevallos y Juan Colquehuanca financiaron la protesta; y que el abogado Héctor Herrera fue el brazo legal (se encargaba de asesorar a los detenidos en las violentas protestas).
Herrera indicó que ejercerá su defensa en la etapa de juzgamiento y pedirá la absolución de los cargos y añadió que no existen pruebas que respalden la tesis fiscal. Por su parte, Vladimir Fuentes pidió a la jueza Sánchez que archive la investigación para que no llegue a juicio.
CAYERON POR EL AUDIO DE 'LAS LENTEJAS'
La investigación fiscal nació tras la difusión de unos audios, en los que al dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez se le escucha pedir 1.5 millones de lentejas (dólares) a la minera Southern Perú para frenar las protestas contra Tía María.
El pedido lo hizo al abogado Jesús Gómez Urquizo, quien tuvo relación contractual con la compañía. El dinero, según se escuchó a Gutiérrez, era para dividirlo en partes iguales con Julios Cornejo y Jaime de la Cruz.
La Fiscalía determinó que Gutiérrez y Gómez habrían cometido el delito de tentativa de extorsión, pero no hallaron su responsabilidad en otros dirigentes. Gutiérrez estuvo 33 meses con prisión preventiva y fue liberado en febrero.
DATO
-El proyecto cuprífero Tía María demandará US$1,400 millones de inversión.
-Los directivos de Southern Perú dijeron hace unos días que esperaban que el Ejecutivo entregue la autorización para que el 2019 puedan iniciar la instalación del campamento minero.
-La huelga del 2015 dejó más de 50 personas heridas, entre civiles y policías, producto de los enfrentamientos.