¿Llegó para servir o para servirse? Luego de que se revelara la polémica instalación de un lujoso jacuzzi y una máquina trotadora en el despacho de la Municipalidad de Socabaya que dirige el alcalde Juan Muñoz Pinto, el Órgano de Control Institucional (OCI) de esa comuna detectó que seis personas laboraban sin contrato en diferentes áreas de la entidad.
El argumento para justificar estas nuevas irregularidades, fue que dichos contratos se encuentran en proceso de regularización.
Ello fue detectado el pasado 23 de enero, cuando se encontró a tres personas en la Sala de Reuniones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, quienes dijeron que brindaban “labores de apoyo administrativo” en las obras por administración directa denominada Mejoramiento de los servicios en la I.E. 40256 Carlos Manchego Rendón y en la institución La Mansión de Socabaya, Bella Pampa y Lara.
Dos más
También se encontró a otras dos personas en la subgerencia de Obras Públicas, quienes usaban los equipos de cómputo e impresora para labores de regularización de obras, pero tampoco contaban con un contrato de trabajo respectivo.
En tanto, en la oficina de Abastecimientos se encontró a una persona sin vínculo laboral alguno con la comuna.
De acuerdo con el informe de Orientación de Oficio N°002-2023-OCI/MDS, del 27 de enero, se advierte que las personas que no acreditan su relación con la entidad no pueden determinar sus obligaciones, funciones o responsabilidades de incumplimientos.
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Denunciado
Cabe recordar que la Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa denunció a Muñoz Pinto ante la Fiscalía de esa región por el delito de peculado doloso por apropiación, en la modalidad de malversación de fondos.
“Este delito sería el de peculado porque está empleando el recurso público para beneficio propio y también entra el delito de malversación de fondos porque el dinero de la Municipalidad es destinado para la comunidad”, comentó, en su momento, a Perú21TV el periodista de Arequipa, Diego Reinoso.
Sabía que
El OCI dio un plazo de 5 días hábiles al alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto, para que informe sobre las acciones preventivas y correctivas que adoptará a las observaciones formuladas.