El ex presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, así como otras 16 personas, entre ex funcionarios y empresarios, serán procesados por el Poder Judicial por el presunto delito de colusión agravada.
El juez de investigación preparatoria de Paucarpata, Manfred Vera, aceptó el pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que los acusa de concertar de manera ilegítima para favorecer al consorcio Ingeniería La Joya en la licitación para la elaboración de los estudios de la autopista Arequipa – La Joya, en donde se gastaron 10 millones de soles, el 2013.
Entre los medios probatorios que tiene la Fiscalía está una serie de correos electrónicos que proporcionaron los colaboradores eficaces, Jesús Tolmos Toledo y Jack López Acuña, además de los documentos donde los funcionarios del gobierno aprobaban la licitación, que se emitió en tiempo récord.
La Fiscalía pide 5 años y 8 meses de cárcel para Guillén y el ex gerente regional de Infraestructura Delfor Sarmiento Pinto, por su avanzada edad.
En tanto, solicita 10 años para los ex funcionarios de la región Miguel Ocharán, Fernando Castillo, Jorge Gallegos, Nadia Heredia, Víctor Mantilla, René Huanca, Rossana Morays, Arcemia Bustamante y Juan Velille. Para los empresarios Fernando Toledo, Carlos Ríos, Carlos Camacho, Antonio García, Raúl Fuentes y Emilio Sanz está pidiendo 9 años de cárcel.
El juez no dispuso que se enjuicie a los españoles Ignacio Cerredo y Sergio Hernando, quienes también fueron acusados por el Ministerio Público.
Perú21 se comunicó con el Gonzalo Bellido, abogado del ex presidente regional, quien indicó que todavía no habían sido notificados. En su momento, señaló que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes que vinculaban a Guillén con el delito, sostuvo que no hay ningún correo electrónico que él haya recibido o enviado.
DATOS
 La Fiscalía pide la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los procesados por el mismo periodo de sentencia y la Procuraduría Pública Anticorrupción solicita una reparación civil solidaria de S/10 millones.
 El caso se remonta al 2012, cuando los entonces funcionarios de la región mantenían comunicación con los empresarios para realizar las bases de la citada licitación.Los documentos, además, los preparaban para que otros postores queden fuera del proceso.