Dos funcionarios de confianza del gobernador Manuel Llempén y cinco ex funcionarios de la gestión de su antecesor Luis Valdez están en la mira. La Gerencia General del Gobierno Regional de La Libertad abrió procesos administrativos disciplinarios al gerente de Energía y Minas, Raúl Araya, y de Administración, Cecilia Agreda. Según las resoluciones, ambos podrían ser amonestados, suspendidos sin goce de haber o destituidos de sus puestos.
A Raúl Araya, en octubre del 2018, se le halló “responsabilidad directa en la paralización injustificada del trámite de cierre de una mina” que demoró dos años. Por ese caso también es investigado el ex gerente de Minas, Ricardo Sandoval.
“El mencionado accionar impropio y negligente de la entidad quejada, al paralizar injustificadamente un trámite administrativo, no hace sino confirmar inequívocamente la comisión de una falta administrativa grave en perjuicio de la denunciante y de la administración pública”, señala la resolución N°011-2019-GRLL-GOB/GGR, del 8 de febrero último.
A Cecilia Agreda, en tanto, se le investiga porque en 2017 no notificó sobre la apertura de proceso de sanción contra la ex subgerente de Recursos Humanos, Rossi Gutiérrez. La funcionaria recibió el caso el 12 de junio de 2017, pero recién notificó del mismo el 20 de agosto de 2018; es decir, un mes después de que prescribiera. “Debe asumir responsabilidad quien permitió que opere dicha prescripción”, indica parte de la resolución N°012-2019.
CASO VALDEZ
A la ex gerente de Contrataciones, Ángela Gómez, y al ex procurador, Mario Valdiviezo, de la administración de Luis Valdez, también se les investiga por faltas administrativas. El ex jefe del Parque Industrial, Alan Sisniegas, y el ex gerente de Salud, Luis Arteaga, en tanto, recibieron amonestaciones por escrito de parte de la actual gestión.
DATOS
-Al ex gerente de Salud, Luis Arteaga, se le abrió proceso por demoras injustificadas en dar la conformidad a la adquisición de equipos de fototerapias para un hospital de Moche.
-Al ex procurador Mario Valdiviezo se le abrió proceso por informar en febrero de 2018 de un laudo arbitral emitido en agosto de 2016.
-Ello originó que se le pague S/1 millón por liquidación de obra a una empresa que ejecutó labores de alcantarillado en Virú.