En el Perú, cada día se producen 18 violaciones sexuales. De ellas, seis son contra menores de edad. No en todos los casos los violadores llegan a ser identificados y mucho menos encarcelados. Sin embargo, cada año un grueso número de agresores sexuales cumple su condena y sale en libertad. Según los datos del Consejo Nacional de Política Criminal, entre este año y el 2020 saldrá de las cárceles peruanas la mayor cifra de internos sentenciados por delitos vinculados a la libertad sexual: 32.6%, lo que quiere decir un total de 1,976 reos, de los cuales 575 atacaron a una menor de edad.
La advertencia fue hecha en el estudio ‘Agresores sexuales, antecedentes y trayectorias sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales’. Carlos Bazo Ramírez, director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, llamó la atención de que en muchos casos se trata de personas cercanas a las víctimas, pues entre los violadores hay padres, padrastros, abuelos o tíos que al cumplir las penas regresarán al mismo entorno familiar porque no tienen otras alternativas.
“Las preguntas son: ¿estarán reinsertados a la sociedad? ¿Hemos hecho como Estado lo necesario para que estas personas tengan esta segunda oportunidad y no vuelvan a atacar?”, sostuvo Bazo.
La preocupación tiene sustento pues, según la misma publicación, al menos el 14% de los sentenciados por agresión sexual ha ingresado más de una vez a la cárcel.
TRATAMIENTO DEFICIENTE
Como parte de la rehabilitación, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) desarrolla en los penales un programa de tratamiento con un equipo especializado, el cual incluye actividades de asistencia social, legal, psicológica y de salud, así como de trabajo y educación.
El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, advirtió, sin embargo, que solo el 40% de la población penitenciaria accede a ello y una de las principales trabas es la sobrepoblación. Penales como el del Callao, diseñado para 700 reos, tienen que soportar una población de casi 4,000 personas, que deben compartir los servicios de alimentación, educación o salud, haciendo que estos no lleguen a todos.
“El tratamiento penitenciario es deficiente. Los equipos humanos no se abastecen ante la demanda. Además, los agresores sexuales están en un círculo vicioso de violencia que requiere atención especializada, pero en todo el país apenas hay un psiquiatra que se ve rebasado porque debe atender a los 90 mil internos de las cárceles del país”, anotó.
Pero eso no es todo, en las cárceles tampoco existe un tratamiento diferenciado para los presos por agresión sexual. Aunque el Inpe está ejecutando un programa piloto especializado para el Tratamiento de la Agresión Sexual (TAS), este aún no llega a todos.
PROPONEN MEDIDAS
Guillermo Ladd, director de Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental Hideyo Noguchi, consideró urgente adoptar medidas preventivas y brindar terapias psicoterapéuticas para los casos más graves. Aunque aseveró que la cárcel puede disminuir la incidencia de los agresores sexuales –por la violencia a la que es sometido el reo por parte de sus pares–, dijo que eso no es suficiente y no impedirá un nuevo ataque.
Por ello, comentó que como opción preventiva debería elaborarse un registro de los agresores sexuales para que se les haga seguimiento y sean fácilmente reconocidos, así como aplicar la castración química para el caso de los reincidentes. Aunque explicó que esta alternativa actúa sobre la testosterona inhibiendo las fantasías sexuales y es más eficaz para los casos de pederastas, señaló que al menos ayudará en algo a controlar el impulso sexual de los violadores.
TENGA EN CUENTA:
-El psiquiatra Guillermo Ladd indicó que estudios hechos en España han comparado a un grupo de violadores en tratamiento psicoterapéutico con otro que no recibe atención y la posibilidad de recaídas en el grupo que recibe tratamiento es de 5%, mientras que en el grupo que no lo hace llega hasta el 20%.