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Suman más de 120 los actos de violencia que han sido detectados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante los comicios del 5 de octubre. Han asaltado locales de votación, destruido las actas electorales, atentado contra el domicilio del eventual candidato vencedor y hubo marchas de pobladores que denunciaban "cambiazos" de ánforas y fraude en general. Si a todo esto le añadimos las amenazas, secuestro de familiares y hasta asesinatos de candidatos, en días previos al día de la votación, concluiremos en lo delicado de la situación.

Para algunos jóvenes despistados se trataría del retorno del terrorismo, lo que no es cierto. Lo que buscaba el senderismo durante los años 80 era impedir que se llevaran a cabo las elecciones y afirmar el camino de la violencia armada para conquistar el poder; recordemos su consigna "Elecciones no, guerra popular sí".

Ahora, en cambio, se conoce que candidatos cercanos al Movadef han participado de manera camuflada en no pocos movimientos provinciales y locales del interior del país. En realidad, la actual violencia es expresión de la frustración irracional sufrida por quienes no ganaron las elecciones o porque consideran que el que ganó lo hizo haciendo trampa en colusión con ciertas autoridades compradas.

Lo que está en disputa son los beneficios y oportunidades que se abren al grupo de personas cercanas al candidato triunfador; también, por eso, los perdedores ya empiezan a prepararse para organizar la revocatoria aun antes de que el elegido haya asumido el cargo. Son los que invirtieron tiempo y recursos, al estilo de un negocio ilícito, creyendo que así iban a ganar; y saben que la victoria de su contendor ha seguido la misma ruta.

Es la lógica de las firmas locales del narcotráfico que asaltan a los mochileros que trasladan la droga de la competencia. En estos lugares, y en otros, suena ya a broma cuando los candidatos declaran su vocación de servir a la comunidad.