Léanlo bien: el 69% de los peruanos no respaldaría una eventual vacancia presidencial, mientras que, en el extremo opuesto, el 72% está a favor de adelantar elecciones. Por lo tanto, la vacancia injustificada, que se está cocinando bajo el descabellado argumento de la incapacidad moral no solamente sería un golpe de Estado, sino que sería uno que no tendría apoyo popular, requisito indispensable para que hasta el más oportunista se atreva a pensar en esa posibilidad. No me queda duda de que quienes están detrás de ese fiasco antidemocrático están camino a estrellarse contra el fondo de una piscina vacía.
Lo paradójico es que mientras la vacancia refleja el espíritu autoritario que suele surgir en los políticos acorralados y desafilados, el adelanto de elecciones es lo opuesto. Adelantar elecciones sería la salida menos autoritaria si se le compara con una vacancia o el cierre del Congreso a través de una cuestión de confianza. El adelanto de elecciones solo será posible si el Congreso le da pase y, para que eso ocurra, tiene que existir un consenso mínimo.
Pero el aprofujimorismo parlamentario y sus aliados mediáticos se encuentran tan ofuscados que no se dan cuenta de que el camino que están trazando no tiene salida, salvo, eso sí, ganar tiempo, demorar el cronograma y hacer que sea imposible, por razones de plazos, adelantar las elecciones. Sea una o la otra, con este juego virulento, nuevamente se pintan de cuerpo entero.
No me sorprende que ellos operen así, a espaldas de lo que la gente públicamente exige, pero sí que los gremios empresariales y cierta élite limeña le estén haciendo la camita. No es posible que Tía María sea razón suficiente para sellar una alianza con quienes se han comportado como pandilleros los últimos tres años. Más mercantilistas, imposible.