El fiscal José Domingo Pérez está realizando un eficiente trabajo junto al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. Lo que no puede hacer es iniciar acciones absurdas e innecesarias cuando las instancias de la ley en el Perú fallan en contra de sus objetivos como investigadores de la corrupción. Hay un cargamontón del que ha sido objeto por haber deslizado, no sin “su segunda”, como dicen los viejos arequipeños, un supuesto conflicto de intereses que implicaría a José Luis Sardón, miembro del Tribunal Constitucional (TC) que votó en favor de la libertad de Keiko Fujimori, porque perteneció a la ONG Reflexión Democrática.
El mismo fiscal declaró que la citación e interrogatorio se debía a que durante el allanamiento a la Confiep se encontró un contrato de donación de 100,000 dólares a dicha organización, de cuya directiva su paisano Sardón era parte. El dinero, a la postre, según señaló, habría beneficiado a ocho candidatos fujimoristas que fueron elegidos parlamentarios.
Lo cierto es que tal como se ha contado no es toda la verdad. En realidad, Reflexión Democrática favoreció a 23 candidatos de distintas tiendas políticas –casi con la única excepción del nacionalismo– con capacitaciones y diversos apoyos a sus campañas electorales. Y solo ocho de ellos eran fujimoristas, así que ni conflicto de intereses ni nada por el estilo.
Reflexión Democrática, además, es una ONG sin bandera ideológica, pues entre sus miembros cuenta con profesionales, empresarios y académicos como Felipe Ortiz de Zevallos, Fernando Villarán, Luis Bustamante Belaunde, Marcial Rubio Correa, Roque Benavides, Javier Tantaleán Vanini y otros. Sus fundadores, inspirados según cuenta el propio Sardón, en una idea del desaparecido jurista arequipeño Alberto Bustamante Belaunde, expremier del gobierno de Alberto Fujimori, se pusieron como finalidad promover “el fortalecimiento del sistema democrático y de la estabilidad política y económica del país, tarea que desarrollarían mediante el monitoreo y el apoyo a una de las instituciones políticas más importantes: el Congreso de la República”, según reza en su página web.
El fallo del TC fue totalmente equivocado, pero acciones que más podrían parecer una venganza personal están lejos del camino de la justicia. Mejor es no perder el buen enfoque en la lucha contra la corrupción.