Una nueva relación entre el Estado y los contribuyentes

Por Jose Ignacio Beteta*

Antes de plantear cualquier reforma política, es crítico considerar qué se quiere lograr. Y quizás el primer objetivo que debemos buscar es renovar la relación entre el Estado y los contribuyentes. A continuación algunas propuestas.

1. Acercándose el 2021 pero también el 2026, se debería considerar que los partidos tengan elecciones internas formales y sin irregularidades; que sea obligatorio que sus candidatos presenten a la ONPE su currículum completo y que la ONPE investigue su contenido, cual declaración jurada, antes de aceptarlos. Si presentan candidatos a la presidencia o a gobiernos regionales, deben presentar un plan de gobierno con objetivos, cifras y plazos.

2. Para mejorar el balance entre poderes del Estado, se debería modificar los momentos de la elección para que la votación de la Cámara de Diputados (hoy Congreso) se realice durante la segunda vuelta de la elección presidencial. Y en esta línea, deberíamos crear ya mismo una segunda cámara parlamentaria. Me refiero a un Senado de 40 miembros que se elija por cinco años junto con gobernadores y alcaldes. Esta elección podría darse a través de voto voluntario. Entre las principales responsabilidades del Senado deberían estar aprobar las leyes propuestas por los diputados y el Presupuesto Anual de la Nación. El Ejecutivo no podría cerrarlo bajo ninguna circunstancia. Finalmente, sería pertinente permitir la reelección de sus miembros por una vez.

3. Para que el Estado pueda atender las necesidades de los más vulnerables, se debería crear un ministerio de infraestructura o dependencia similar con la responsabilidad de cerrar la tremenda brecha de servicios que tenemos. Se podría fortalecer la coordinación directa entre el MEF y los gobiernos regionales y locales, para ayudarlos en el manejo de sus recursos. Esto es urgente. Por otra parte, para recuperar esta capacidad de inversión post-COVID, propongo algo nuevo: se podría cambiar el actual IGV de 18%, por uno de 4% aplicado (por primera vez en la historia) a las ventas brutas, eliminando el crédito fiscal, mecanismo confuso que no aporta mucho. Con un impuesto así, se recaudaría más que con el actual y se ampliaría el número de contribuyentes.

4. Para reducir los conflictos sociales, debe terminarse urgentemente la titulación de tierras a nivel nacional. Esto podría ser acompañado con un cambio disruptivo: que el dueño de la tierra (superficie) también sea el dueño del subsuelo y sus recursos. Así, la empresa deberá comprar dichos derechos a los dueños de la tierra o, en todo caso, llegar a un acuerdo comercial a largo plazo para la extracción de los mismos. Ambos, empresa y propietarios (individuales o comunales) tendrán un mismo incentivo y fin.

5. Se debería considerar los siguientes cambios. Primero, reconocer que el Estado históricamente no ha sido un buen ‘empresario’, y ha perdido miles de millones de soles a través de empresas públicas e inversiones sin retorno. Una empresa estatal solo debería poder competir en un mercado cuando exista una situación de monopolio no regulado. Si hay dos o más competidores, el Estado debería vender su empresa. Segundo, si unos pocos formales van a seguir pagando la mayor parte de esa ‘factura’, ¿qué ocurriría si los votantes que pagan Impuesto a la Renta tuviesen un voto adicional en su elección? Así, se incentivaría la contribución ciudadana y se les daría una mayor voz a quienes aportan directamente con el erario público.

Estas acciones de cambio, entre varias, tendrían un efecto relevante sobre la vida política del Perú y las decisiones que toman nuestras autoridades. Pongámoslas en debate si queremos construir una nación estable y próspera, con instituciones justas, centradas en el bienestar de los peruanos.

*Presidente de Asociación de Contribuyentes