Una catástrofe en ciernes

En el Congreso están rodando varios temas en simultáneo que compiten entre sí por la atención ciudadana. De ellos, el que bajo ningún motivo debería pasar a segundo plano, por su impacto en el largo plazo y la imposibilidad de reversión, es el intento de reactivación del proceso de elección de los seis nuevos magistrados del TC. Recuerden que ese proceso se cayó hace un mes, cuando la mayoría de bancadas se retiraron públicamente de la comisión especial a cargo de la tarea y varios legisladores manifestaron que era mejor que el siguiente Congreso continúe con la elección. De hecho, el 14 de noviembre, un día antes de la renuncia de Manuel Merino a su mandato fugaz, la bancada acciopopulista sacó un comunicado en el que literalmente planteó la paralización del proceso de elección y la desactivación de la comisión especial.

La elección de los magistrados del TC es una de las decisiones más relevantes que un legislador puede tomar. No está de más recordar que el TC es la base del sistema de justicia y máximo interprete de la Constitución. Y, a diferencia de cualquier ley, la elección de un magistrado no se puede revertir. Solo queda esperar que su mandato de 5 años culmine y se elija a su sucesor. El agravante es que ahora no estamos hablando de elegir a un solo magistrado, sino a seis, es decir, a básicamente a todo el pleno del TC. Una mala elección de sus magistrados es una potencial catástrofe.

De por sí, elegir de un porrazo a seis de los siete magistrados conlleva a una distorsión de la pluralidad que debería haber en el pleno del TC. Además, que esa responsabilidad recaiga en este Congreso sin legitimidad, en un contexto electoral y cuando el 50% de peruanos (IPSOS, setiembre) prefiere que sea el siguiente Legislativo el que continúe con la elección, es un sinsentido. Simplemente, no hay condiciones para una elección así de transcendental.