Tercerización en reversa

Que este gobierno va como el cangrejo no es un secreto para nadie. Pero lo cierto es que hasta los cangrejos dan uno que otro paso hacia adelante. Desde Palacio, en cambio, parecen tener planeado hacer retroceder al Perú en todo aquello que en las últimas décadas puso su crecimiento y desarrollo entre los más consistentes de la región.

Se está retrocediendo en reducción de la pobreza, en inversión nacional e internacional, en seguridad ciudadana, en educación y en generación de empleo. Una regresión allanada por disposiciones absurdas que –muchas veces en complicidad con sectores del Parlamento– no hacen sino dañar la economía del país.

Y justamente, en materia de empleo, la ley de tercerización ha sido una de las más nefastas que se han emitido en los últimos tiempos. Promovida por la exministra Betssy Chávez, y severamente criticada por los especialistas pues empujará a miles de trabajadores hacia el desempleo o la informalidad, está a punto, no obstante, de quedarse sin piso legal para su aplicación inmediata, como pretendía el Ejecutivo.

El primer revés fue en Indecopi, que, en una resolución de primera instancia, declaró que el cuestionado decreto supremo –en el que se restringe draconianamente el uso de la tercerización laboral– debe ser “inaplicado por constituir una barrera burocrática ilegal”. Y se han sumado diversas instancias judiciales declarando fundadas las medidas cautelares que un buen número de empresas, públicas y privadas, presentaron en contra de la medida: entre ambos estamentos, a la fecha se cuentan hasta 250.

Paralelamente, la Comisión de Economía del Congreso anunció que evaluará la derogación del dispositivo ni bien termine la semana de representación en el Legislativo. Como se sabe, esta ley se dictó sin consensuar con todas las partes en el Consejo Nacional del Trabajo. Se siguió solo una consigna de la exministra Betssy Chávez, cumpliendo órdenes de Pedro Castillo. Según Indecopi, el MTPE carece de competencias para dictar una norma de semejante índole.

El rechazo a una disposición tan antitécnica y nociva para los intereses tanto de trabajadores como de empleadores está enfrentando otra vez a los poderes del Estado. Sin embargo, todo indica que esta vez prevalecerá el sentido común y la defensa del empleo sobre los caprichos demagógicos de Palacio.