Lo que ha revelado la nueva denuncia contra Joaquín Ramírez demuestra, una vez más, lo vulnerables que son las normas e instituciones de control y supervisión de nuestro sistema educativo. El ex secretario general de Fuerza Popular, investigado por lavado de activos, está envuelto en un caso de falsificación de documentos y estafa por la creación de la Universidad Juan Pablo II.
Su propia tía, Nancy Gallegos (esposa de Fidel Ramírez, rector de la Universidad Alas Peruanas), lo denunció porque presuntamente usó la autorización de funcionamiento de una compañía promotora que fundaron ambos en 2006 para crear la universidad que lleva el nombre del recordado ‘Papa peregrino’. Gracias a ese permiso, concedido en 2010 por el extinto Conafu, la casa de estudios está activa desde mayo de 2017 y a la espera de que la Sunedu le entregue la licencia para que las cinco carreras que dicta sean reconocidas por el Estado.
Pero ¿cómo es posible que la Sunedu esté evaluando acreditar a esta universidad si está usando una autorización de funcionamiento de otra empresa? El congresista Yonhy Lescano ha pedido a la jefa de la institución, Lorena Masías, que suspenda el permiso de funcionamiento. Creemos que, al menos, ese debe ser el primer paso. Claro, para ello, el ministro de Educación, Idel Vexler, debe decidir de una vez si la ratifica por un periodo más o nombra a su sucesor. La institución no puede estar a la deriva.
En el Congreso tampoco se salvan de los cuestionamientos. El 9 de enero, el Pleno rechazó ampliar la moratoria, aprobada en 2012, que prohibía la creación de nuevas universidades. Esta decisión abre la puerta a la aparición de otras casas de estudios que, por los casos que hemos visto, no garantizan la mejor formación académica de los futuros profesionales del país. Tenemos más de 140 universidades. ¿Necesitamos más? En una última entrevista a El Comercio, Masías reveló que, desde que culminó la referida restricción, en diciembre último, la Sunedu ha recibido cinco solicitudes de nuevas universidades privadas. Y el número puede ascender si el Legislativo no toma acciones en lugar de ser cómplice de lo que puede ser un retroceso de la reforma educativa.