Han transcurrido varios días desde el asesinato de la pequeña Jimena, de tan solo 11 años, cuyo cuerpo fue hallado carbonizado en una calle de San Juan de Lurigancho, y el hecho no deja de conmocionar e indignar al país.
Repitiéndose la historia en el Perú, cada vez que suceden este tipo de casos espantosos, la primera reacción es colocar sobre el tapete la pena de muerte para los culpables confesos. Congresistas de diversas bancadas anunciaron la ‘necesidad’ de que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos y uno de ellos hasta presentó una moción en ese sentido. El objetivo es poder aplicar la pena capital para este tipo de delitos.
Cuando el Perú decidió adherirse al también llamado Pacto de San José, se obligó a no extender la pena de muerte a otros supuestos de los contemplados en ese momento en el ordenamiento interno (traición a la patria en casos de guerra exterior-Constitución de 1979).
Perú no podría restituir esa medida no solo por esa razón, sino porque, además, la tendencia mundial es abolir la pena de muerte progresivamente.
La casuística en otros países ha demostrado que no ha sido disuasiva y cuando se aplicó en nuestro país el error judicial y el linchamiento público llevaron a la muerte a inocentes. Ni la Corte Penal Internacional, que juzga y sanciona a las personas que cometen los crímenes más graves contra la humanidad, aplica esta sanción extrema.Mientras más graves sean las penas, no significa que mayor sea la disuasión porque el problema es estructural. La pena de muerte es la salida fácil a la ineficiencia del sistema de justicia y la falta de una política criminal. En un artículo publicado en la web de este diario (https://peru21.pe/politica/pena-muerte-debate-medida-eficaz-y-disuasiva-395015), el experto en criminología Erick Guimaray nos dejó esta reflexión para tener en cuenta: “Con un giro punitivo absolutamente drástico, el Estado está haciendo eco del clamor popular que quiere una respuesta violenta ante un crimen deleznable sin darse cuenta de que, desde el punto de vista de ‘política criminal’, esto genera muchos incentivos negativos. Ante la respuesta violenta del Estado, el crimen tiende a agudizar su violencia, también”.
Planteado así el tema, es lamentable que las instituciones del Estado se preocupen por implementar acciones solo cuando suceden muertes como las de Jimena.