El tema de hoy: Medidas electorales

En el último año, hemos podido conocer que los principales líderes políticos en nuestro país, incluso los que han llegado a ser presidentes de la República, están vinculados con la entrega de presunto dinero ilegal para financiar sus campañas proselitistas. Odebrecht fue la encargada de repartir millonarios montos, de acuerdo con sus propios directivos, a cambio de lograr favores de los gobiernos de turno. Debido a esto, y ante la tolerancia de las normas, algunas medidas se tomaron en el Congreso para tratar de prevenir esto en futuras contiendas electorales, aunque aún se puede hacer más.

Ayer, durante la reunión que los miembros de Peruanos por el Kambio sostuvieron con el premier César Villanueva, los legisladores oficialistas le hicieron llegar dos propuestas puntuales para que sean consideradas en el pedido de facultades legislativas que formulará: crear el delito de financiamiento ilegal de campañas y aprobar una nueva ley electoral. La apuesta por ambos planteamientos, según explicó el congresista Gilbert Violeta a Perú21, es “para darle un mensaje a la ciudadanía de que no todos los partidos políticos somos parte de actos de corrupción”. La idea es positiva. Ahora dependerá de Villanueva si la acepta o no. Si no lo hiciera, PpK podría presentar su propuesta directamente al Congreso.

Hay que mencionar que, en los últimos meses, en el Parlamento se han aprobado ya otras normas para hacer la tan prometida reforma electoral. Por ejemplo, las compañías privadas nacionales o extranjeras ya están prohibidas de realizar aportes a las campañas, a menos que las contribuciones “estén exclusivamente destinadas a la formación, capacitación e investigación” de los partidos. Otra de las disposiciones es la sanción que caerá sobre el candidato que, en plena campaña, entregue dádivas que excedan las dos UIT (S/8,100). A la segunda vez de incurrir en esa falta, será separado de la carrera. Sin embargo, esta última variación fue muy cuestionada, porque la norma anterior señalaba que el postulante sería separado a la primera.

Las elecciones municipales y regionales de octubre serán el mejor termómetro para medir qué tan eficientes son estas nuevas normas. Las autoridades electorales deben aplicar al milímetro estas disposiciones para evitar que la corrupción siga penetrando nuestra política.