El Poder Judicial, en el marco de las investigaciones que se siguen a las empresas brasileñas, ha convocado a un equipo de jueces que se encargará de conducir los procesos judiciales. La jueza anticorrupción Susana Castañeda cuenta su estrategia.
¿La Sala Penal Nacional está recibiendo ya los pedidos de la Fiscalía por el caso Odebrecht?Los jueces de la Sala Penal verán los casos hasta el 30 de marzo y, después de esa fecha, deberán remitir los procesos que tengan que ver con corrupción de funcionarios a este sistema especializado.
El abogado del ex presidente Toledo, Heriberto Benítez, dijo que la decisión del juez Concepción obedece a una venganza política. ¿Considera que el juez tomó una decisión con apasionamientos?Creo que no. Varios implicados en delitos, no solamente de corrupción de funcionarios sino de cualquier delito, esgrimen como argumento de defensa que se trata de persecución política; ya lo hemos visto en el pasado, lo vemos ahora y lo seguiremos viendo. El juez Concepción ha emitido su decisión con base en elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. La audiencia ha sido pública y se han debatido los argumentos.
¿Ha revisado la resolución judicial que dispone la detención de Toledo?No, todavía. Pero he escuchado el debate y los argumentos de las partes. Yo no voy a revisar la apelación, la va a revisar la Sala Penal Nacional.
La defensa de los procesados está apelando los fallos. ¿Ha solicitado los expedientes judiciales para revisarlos?No. Nosotros no estamos pidiendo en estos momentos los expedientes judiciales, porque el Decreto Legislativo 1307, emitido el 31 de diciembre del año pasado, crea el sistema especializado y entra en vigencia 90 días después de su publicación. Por eso, seremos competentes a partir del 31 de marzo, caiga quien caiga, y será visto por los juzgados penales y las apelaciones por la Sala Penal Nacional.
¿Considera contradictoria la decisión de las autoridades estadounidenses, que informaron el pago de los US$29 millones a funcionarios peruanos y luego deniegan la deportación de Toledo?Tendría que conocer cuál es el contenido de la decisión de los Estados Unidos. No podemos arriesgarnos a decir por qué te piden mayor argumentación para una posible extradición. La operación Lava Jato, que comprende a Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS y otras empresas brasileñas, surge en Brasil y luego viene la condena de Marcelo Odebrecht, y de ahí sale información para las autoridades norteamericanas.
¿Pueden negar la extradición?Hay extradiciones que son denegadas porque la tipificación no está correcta. Es un tema que le compete a un juez extranjero y nosotros no podríamos cuestionarlo. Lo que tenemos que hacer es subsanar las presuntas omisiones o errores que ellos consideran para que esto se viabilice.
En el peor de los casos, ¿podemos esperar la negativa de deportación de Toledo? No le podría decir que sí o no. Todo depende de la estrategia que se trace en el Perú y la recepción que tenga en el Estado norteamericano.
En caso de que sea deportado Toledo, ¿se le puede juzgar por todos los delitos?Sí, puede afrontar otros delitos si lo traen. El Código Procesal Penal permite que, cuando se formaliza una investigación preparatoria, el juez puede ampliar la tipificación.
¿Está dentro de las facultades de la Fiscalía negociar con una empresa que pagó sobornos o se ha extralimitado de sus funciones?La norma procesal se lo permite. Hay un proceso especial en el código que se llama colaboración eficaz, y esa figura la usan en Brasil como la delación premiada. Es lo mismo. Los representantes de las empresas aceptan haber cometido delitos, y esa información tiene que ser corroborada por los fiscales y no por los jueces. Luego, llegan a un acuerdo que se llama acuerdo de colaboración eficaz y ello se dirige a un juez que lo va a aprobar mediante una sentencia.
¿En cualquier momento el fiscal puede solicitar al juez el pedido de detención?No. Para que solicite una detención preventiva tiene que haber investigación preparatoria. En una investigación preliminar, lo que se pide es una detención preliminar, como fue en el caso de Edwin Luyo; luego, si el fiscal considera formalizar denuncia, puede disponer una prisión preventiva, como fueron los casos del mismo Luyo y de Jorge Cuba. Sin embargo, en el caso de Toledo directamente se formalizó una investigación preparatoria con un pedido de prisión preventiva.
Es calificada como una juez garantista. ¿Defenderá la libertad personal?En la medida que no se justifique una privación de libertad, si la privación de libertad resulta ser proporcional al daño realizado y a las evidencias, entonces tendremos que hacer uso de esos mecanismos que el propio CPP nos faculta.