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Severidad bajo sospecha
¿Por qué de pronto los magistrados se ponen tan pesados, como suele decirse, con el presencialismo? ¿A quién favorecería que se prescinda del testimonio de este exdirectivo de Odebrecht?
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Incomprensible la posición de la Fiscalía de querer romper el acuerdo de colaboración con Jorge Barata porque este no se presentó físicamente a declarar en el juicio contra Ollanta Humala.
El brasileño ha participado virtualmente en las audiencias a las que fue convocado desde que el proceso se inició, sobre todo cuando el equipo del Ministerio Público no pudo desplazarse a Brasil a tomarle el testimonio. Y vaya que sus declaraciones han sido de utilidad para la justicia peruana.
¿Por qué de pronto los magistrados se ponen tan pesados, como suele decirse, con el presencialismo? ¿A quién favorecería que se prescinda del testimonio de este exdirectivo de Odebrecht?
¿Acaso el objetivo y la importancia de su declaración no es que ratifique o amplíe lo que ya dijo sobre los millones de dólares que destinó para ciertas campañas presidenciales, como las de Ollanta Humala, ahora sentado en el banquillo?
Además, por supuesto, de las cuantiosas coimas entregadas a la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán y a otros candidatos.
Si el objetivo es llegar a la verdad, ¿por qué tendría que importar más la forma –es decir, el modo en que presta ese importante testimonio– que el fondo de sus palabras?
Lo que el Perú necesita es que se esclarezca completamente cómo y quiénes integraban la cadena delictiva que estableció la constructora entre empresarios, políticos y altos funcionarios del Estado peruano
Es cierto que, en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el exejecutivo brasileño, este se comprometía a venir al Perú cuando se le requiriese, que es en lo que se sustenta en el pedido de la Fiscalía, pero lo imprescindible, lo vital, es que ofrezca su versión de los hechos, ya que él estuvo involucrado directamente en los sobornos.
¿Qué implicaría la anulación del acuerdo? Que las declaraciones del brasileño no sean usadas no solo en el juicio contra Humala, acusado de recibir US$3 millones ilícitos para financiar su campaña en 2011, sino tampoco en los procesos contra Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, por mencionar a los peces gordos.
Un sinsentido completo, que hasta podría resultar sospechoso.
La Fiscalía, más bien, debería optar por la vía rápida y acelerar los juicios y las posibles condenas que, por cierto, llevan ya muchos años en lista de espera.
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