Zoraida Ávalos tiene el complejo reto de rescatar al Ministerio Público de la mafia que se ha enquistado en él y ha comenzado con buen pie. Es honesta cuando reconoce que la institución está en cuidados intensivos y sin dudarlo pone el dedo en la llaga. Es verdad que no hay recursos suficientes: poco presupuesto, escaso personal. Sin embargo, esta vez ese no es el principal problema de la Fiscalía.
La crisis es moral. Tres de los cinco fiscales supremos que componen la Junta permanecen bajo un manto de sospecha por sus vínculos más o menos cercanos con Los Cuellos Blancos del Puerto y sus respectivas menciones en los audios del escándalo.
Pero claro, lo de Pedro Gonzalo Chávarry, su predecesor, de acuerdo a la opinión de varios destacados penalistas, está a un pelo de distancia de considerarse delincuencial.
A estas alturas, ha quedado prácticamente establecido que el renunciante Chávarry dirigió y organizó, con la ayuda de su ex asesora Rosa Venegas y por lo menos de tres miembros de su resguardo, el retiro de información fundamental para demostrar, como sostiene José Domingo Pérez, que la alta jerarquía del Ministerio Público buscaba entorpecer sus investigaciones sobre la relación del fujimorismo con Odebrecht durante la campaña de 2011.
Ingresar a oficinas lacradas para sustraer evidencia lo haría responsable de al menos el delito de obstrucción a la justicia. Y ese es el motivo por el que hoy se ha dispuesto en su contra un impedimento de salida del país por nueve meses.
Otro punto a favor para Zoraida Ávalos es que ha demostrado diligencia ante el oportuno pedido de vacaciones del inefable doctor Gonzalo, como lo llaman en los pasillos de la Fiscalía.
A esto se suma la iniciativa de presentar un proyecto propio para la reorganización del MP en aras de preservar su autonomía iniciando la reforma desde adentro.
Que la suerte y el éxito la acompañen.