Hay quienes justifican la semiesclavitud en la que trabajan algunos compatriotas afirmando que la actual regulación laboral es muy exigente para los empresarios. Esta tesis, repetida como mantra desde hace 25 años, considera que la modernidad y el respeto a los derechos reinarán cuando a empresarios como los de Las Malvinas se les dé la posibilidad de contratar personal con solo 15 días de vacaciones, salarios extramínimos, jornadas extralargas, sin pagar CTS y con más facilidades para despedir.
Pero el tema más de fondo es cómo y por qué en el Perú de hoy alguien se siente, por ejemplo, con derecho a encerrar a una persona para que labore como siervo. ¿Por qué empresarios como estos saben que vivirán en la impunidad, salvo que suceda una desgracia como la de la semana pasada? ¿En qué tipo de democracia y de economía se sostiene esta práctica "normalizada"? ¿Por qué un Estado tan indolente, tan ausente?
Trabajadores como los hoy fallecidos Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos no tienen poder sindical, organizacional, económico ni de ningún otro tipo que siquiera les permita acceder a los (debilitados) organismos del Estado encargados de protegerlos. El Sindicato de Inspectores de Trabajo de la Sunafil informa que los inspectores son 400 (incluidos los 275 auxiliares), cuando la OIT ha recomendado que sean por lo menos 2000. No los hay en 14 regiones, ¡incluida Madre de Dios!
El Ministerio de Trabajo –que desactivó un plan de fiscalización de zonas de alto riesgo y ha reducido las inspecciones de oficio a su mínima expresión– ¿continuará con la política de tibio o nulo control de las condiciones laborales incluso donde reina la informalidad? Después de Las Malvinas, a los tecnócratas del MEF ¿les seguirá pareciendo superfluo el gasto en el sector Trabajo?
La gravedad de lo sucedido no debe quedar en lamentaciones y en sanciones penales. Urgen modificaciones efectivas en la política laboral del gobierno. Confiar en la "autorregulación" no es solo una ingenuidad sino una irresponsabilidad mayúscula.