Salida indecorosa

Acorralado por las últimas declaraciones de testigos y colaboradores, y a escasas horas de que se debatiera su vacancia en el Congreso, Pedro Castillo se jugó la peor de sus cartas. Tuvo la osadía de anunciar un golpe de Estado junto con una serie de medidas de clara matriz totalitaria, aprendidas, irónicamente, casi al pie de la letra del autogolpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.

Felizmente para el país, la descabellada decisión de Castillo no tuvo respaldo de ningún sector, ni siquiera entre sus propios ministros, que uno a uno fueron renunciando a sus cargos. El único que ha permanecido a su lado hasta el último momento, el de su detención en la Prefectura, ha sido el expremier Aníbal Torres, ya en calidad de abogado personal, suponemos. Hay que destacar que las Fuerzas Armadas y Policiales tampoco se prestaron a la ruptura del orden constitucional.

Fue un golpe pírrico, que quedó solo en el tembloroso discurso televisado que dio ayer por la mañana Castillo para anunciar su “golpe”, que, visto ya en perspectiva, diríase que no pasó de una cruel caricatura. El destino final del expresidente no puede ser otro que la cárcel.

Destituido del poder, asumió Dina Boluarte como presidenta de la República, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. De su mensaje, cabe resaltar algunos puntos: que se quedará hasta 2026, que pedirá una tregua política para componer un buen gobierno de consenso, que convocará a un proceso de diálogo y que conformará un gabinete de “todas las sangres”, además de retomar la senda de la reactivación económica y las reformas políticas.

Podríamos tomar la reacción positiva de los mercados como un indicador de que se vienen mejores tiempos para el Perú. Sin embargo, el alivio que ha sentido la ciudadanía no debería ser entendido como un cheque en blanco para Boluarte, después del vendaval de corrupción que vimos en el año y medio de un gobierno que ella misma integró.

La flamante presidenta hizo bien en anunciar que pedirá el apoyo de la Fiscalía y la Contraloría General de la República para desmontar los tentáculos de la red de coimas, sobornos y prebendas que Castillo instaló en las entidades del Estado. Por lo pronto, aunque todavía en calidad de promesa, puede decirse que es un buen comienzo.