(Opinión) Richard Arce: “La oclocracia sigue vigente en el Perú”

Hace unos meses escribí un artículo para definir al gobierno de Pedro Castillo como una oclocracia, que es un modelo de gobierno donde se impone supuestamente la decisión del pueblo, pero que en realidad es la orfandad de una autoridad con posición política, que manipula a la población con esta supuesta representación, para hacer demagogia.

Richard Arce

Fecha Actualización

27/02/2023 - 07:00

Muchos autores consideran que la oclocracia puede ser considerada una forma de gobierno que favorece la mediocridad, ya que no hay necesidad de líderes con habilidades o conocimientos especiales para tomar decisiones importantes. Por eso es peligroso y destructivo, más si estábamos con gente desinformada e incompetente tomando decisiones, como fue Castillo.

El asunto es que considero que no hemos salido de la oclocracia con el fallido golpe de Estado que llevó a la cárcel a Castillo. Todavía persiste porque la mediocridad y la falta de talento no solo fueron atributo de Castillo, sino también de todo el sistema político en el que se toman decisiones por mayoría sin tener en cuenta la opinión de las minorías o la aplicación de la ley.

Y la prueba es lo acontecido con el Tribunal Constitucional y su último pronunciamiento referente a las competencias que tiene el Congreso y el rol que tiene el Poder Judicial. Ahora la justicia ya no podrá hacer control constitucional de los absurdos y arbitrariedades que comete el Congreso; recuerden que el Parlamento está conformado mayoritariamente por mediocres.

Con esa decisión del TC, el Poder Judicial ya no podrá hacer control difuso de la Constitución, siendo el TC el máximo órgano interpretativo de la Carta Magna y a su vez garante. Ahora han abdicado en su rol, dejando al Congreso a su libre albedrío porque ya no se podrá presentar acciones de amparo para demandar cualquier acto inconstitucional del Parlamento.

Entonces, se instala ahora la oclocracia en el Congreso para que los mediocres tomen decisiones e impongan su agenda, sabiendo que se hizo mucho daño a la Sunedu, a la reforma del transporte y ahora se van contra la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales, avalados por los jurisconsultos del TC.

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