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Retirarán bloques de La Parada antes del lunes

Sin embargo, comuna capitalina denunciará a magistrado por prevaricato y abuso de autoridad.

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Fecha Actualización
La Municipalidad de Lima acatará la nueva resolución del controvertido juez Malzon Urbina, quien –acogiendo el pedido de los comerciantes– dio un plazo de 72 horas para que la comuna retire los bloques de cemento que impiden el acceso a La Parada.

"He pedido una reunión con las instancias administrativas para ver cómo se va a ejecutar el fallo que, nos guste o no, hay que cumplirlo", señaló Antonio Salazar, procurador del municipio metropolitano.

El funcionario explicó que el plazo para cumplir esta sentencia vence el lunes, ya que la comuna recién fue notificada la tarde del miércoles, "a pesar de que el documento tenía como fecha el 5 de abril". Mientras tanto, en el concejo deben ver cuál es la instancia edil que ejecutará el fallo en el plazo establecido.

LLUVIA DE DENUNCIASSalazar anunció que denunciarán por prevaricato al magistrado, ya que emitió su sentencia sobre temas que no son de su competencia. También lo acusarán por abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Del mismo modo, entablarán demanda contra todos los comerciantes que, actualmente, vienen ocupando La Parada "por usurpar un terreno que es de propiedad del municipio".

Por su parte, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, indicó que su despacho aún no ha sido notificado del nuevo fallo. Sin embargo, recalcó que su institución no es responsable del retiro de los bloques sino de la seguridad y que esta se mantendrá.

También señaló que prestará todo el apoyo al municipio en caso de que insista con cerrar La Parada. "Tengo la certeza de que, como la alcaldesa ha señalado, tarde o temprano ese mercado será erradicado", manifestó.

TENGA EN CUENTA

- El juez Malzon Urbina señaló que la denuncia del procurador del municipio pretende intimidarlo.

- Reiteró que la comuna tiene 72 horas para retirar los bloques de La Parada.

- Dijo que demandará al procurador Antonio Salazar por acusarlo de recibir US$ 70 mil para acoger el hábeas corpus.