La principal amenaza que enfrenta el Perú hoy es la inseguridad ciudadana. No será posible el éxito en reencauzar la economía, captar inversiones y desarrollarnos como país si por encima de la ley impera el crimen. No hay economía posible si los emprendedores están a merced de las mafias y el pago de cupos.
Derrotar la extorsión es la principal de todas las batallas que debe librar el Perú en la guerra contra el crimen.
Esto demandará el concierto de voluntades del Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y Poder Judicial, pero debe ser presidido frontal y decididamente por la presidenta. La señora Boluarte debe ser consciente del lugar en que está y sentir la gravedad del momento histórico, dejar de lado los retoques y ponerse a trabajar.
Se debe tener una fuerza especializada con capacidad para generar inteligencia operativa, provista de recursos, apoyo político, protección legal —sobre todo— y un marco normativo que haga posible su trabajo. Es fundamental tener la capacidad de interceptar las llamadas extorsivas rápidamente y seguir el historial de llamadas de dichas líneas (ello demandará una legislación específica), hacer seguimiento del dinero de los cupos extorsivos teniendo la necesidad de acceder rápidamente a información financiera —hoy protegida por el secreto bancario—.
Además, se debe derogar ya la ley “antiallanamientos” (nefastamente aprobada por el Congreso), incorporar a la figura de organización criminal a la extorsión —hoy impedido también por el Congreso—, darle al equipo policial especializado la responsabilidad de la investigación preliminar y tener fiscales y jueces ad hoc.
Aunado a ello, se debe invertir en nuevas cárceles, donde sencillamente no tengan señal de celular. Hoy tenemos penales en Challapalca, Tacna, a 4,600 m.s.n.m., o Cochamarca, en Pasco, a 4,110 m.s.n.m; sin embargo, su capacidad es muy baja: 1,224 internos en el caso de Cochamarca y apenas 214 en Challapalca. Por lo que, construir al menos dos penales para 5,000 internos cada uno e idealmente sobre los 4,300 m.s.n.m. es fundamental.
Por último, se debe actuar con mano dura y disminuir la edad de imputabilidad para delitos de sicariato, violación y extorsión, además —de una vez— tener prisión efectiva para los reincidentes de delitos menores, como el robo de celulares.
En resumen, las prácticas extorsivas han proliferado por el Perú y todos sus estamentos. Hoy, algunas prácticas hasta se han normalizado o institucionalizado. Desde que un congresista le pide a un trabajador una parte de su sueldo a cambio de no botarlo del trabajo y ello recibe de sus colegas blindaje y protección, se comienza a normalizar la extorsión.
Terminar con la extorsión que asesina pasa también con terminar con las prácticas extorsivas de quienes están llamados a legislar en contra de ella.
