Tremendo roche el de la Fiscalía, tras el anuncio de que Odebrecht demandará al país ante el Ciadi para exigir una indemnización de US$1,200 millones por la paralización del Gasoducto del Sur. Al margen de la torpeza de los que negociaron el acuerdo de colaboración eficaz y el descaro de los brasileros, aparentemente Perú tiene las de ganar.
Según un análisis de Contribuyentes por Respeto sobre criterios del Ciadi para atribuir responsabilidad a los gobiernos, se suelen penalizar cambios de reglas de las inversiones realizadas, expropiaciones indirectas y medidas arbitrarias y discriminatorias. Así, el Perú en su historia solo perdió tres casos, todos por temas tributarios.
En este caso no existe una ruptura abrupta del contrato ni de reglas de juego, sino que el consorcio liderado por Odebrecht no acreditó las espaldas financieras para cumplir con el proyecto, que obtuvo con malas prácticas.
Que tengamos las de ganar en el Ciadi no exime de culpa a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ni a los procuradores. Esto, por dos motivos. Primero, se aceptó recibir un sencillo de indemnización (S/610 mllns. en 15 años). Si bien es un monto insignificante, permitió procesar a las vacas sagradas de la corrupción. Sin embargo, carecieron de capacidad de negociación para poner candados que eviten futuras denuncias de la constructora.
Segundo, el Gobierno tiene más de tres años preparando el nuevo diseño del Gasoducto. Considerando que los brasileros están desesperados por la liquidez que obtendrían de la venta del proyecto, su jugada (guste o no) fue patear el tablero, aprovechando la ventaja que se les dio. Esperemos que con esto los fiscales no sigan poniendo la agenda en el país.