¿Qué pasó con ellas?

Pregunta la Defensoría del Pueblo en su último reporte sobre mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. Se esperaba que la medida de cuarentena con inmovilización social decretada para atender la pandemia pusiera en pausa esta problemática. Pero ha ocurrido lo contrario. Las cifras son de terror.

Durante la emergencia, del 16 de marzo al 31 de mayo, han desaparecido 557 mujeres, de las cuales 355 son menores de edad. Es decir, pese a la fuerte presencia policial y las restricciones a la libertad de tránsito, se reportó la desaparición de una mujer en el Perú cada tres horas.

Las desapariciones suelen vincularse con otros tipos de violencia: trata de personas, violencia sexual, feminicidios, etc. De ahí la importancia de contar con un sistema de respuesta rápida a las denuncias. Las primeras horas son claves. Se ha avanzado a nivel de normas, pero siguen existiendo problemas de implementación, prejuicios e indolencia. La Defensoría dirige sus críticas al Ministerio del Interior. Durante la emergencia, la línea dedicada a atender las desapariciones (114) no estuvo operativa, no se implementaron canales de atención remota alternativos, el portal web mantuvo un diseño inconveniente y no se contó con un registro actualizado de casos vigentes que permitiera enfocar esfuerzos.

La afectación emocional que experimenta un familiar de una víctima de desaparición aumenta con los días, meses y años. A ello se suma la frustración y maltratos de luchar con el Estado para que cumpla con su deber de buscar con diligencia. “Tu vida se detiene”, ha explicado alguna vez Gisela Ortiz, hermana de una víctima de desaparición del caso La Cantuta. La pregunta que formula la Defensoría la debemos hacer todos. Con urgencia.