(Foto: Presidencia)
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Ni las investigaciones fiscales ni los continuos escándalos en que se ven envueltos sus colaboradores y aliados parecen arredrar al gobierno con su línea de conducta. Un derrotero patrimonialista, abusivo y a menudo abiertamente delincuencial que comienza por el propio presidente de la República.

El sábado último, la llegada del mandatario a Jaén, Cajamarca, paralizó el aeropuerto de la ciudad. La comitiva oficial, en aeronaves y helicópteros, prácticamente tomó la pista de aterrizaje, lo que ocasionó que los vuelos comerciales que partían de Lima se tuvieran que cancelar. Y así perjudicaron a decenas de viajeros y, por supuesto, a la actividad turística. Es decir, tenían que darle “paso al rey”, como se repetía en las monarquías medievales cada vez que este salía de su castillo.

Una raya más al tigre, pues. El modo impropio en que Castillo viene usando los transportes aéreos del Estado, colando, cuando se le antoja, a paisanos y familiares en los vuelos se le ha hecho costumbre. Desde los tiempos de la dictadura fujimorista no se veía algo así.

Otro caso que ha levantado indignación, asimismo, es el de la actual ministra de Cultura, Betssy Chávez, quien cree que los recursos del Estado son, en primer lugar, para que los usufructúen ella y los suyos. El mal ejemplo se extiende rápido en el oficialismo.

El programa Cuarto poder “ampayó” a la ministra beneficiando a la familia de su presunta pareja a través de puestos públicos. Si cuando estaba en el Ministerio de Trabajo cayó en desgracia por su ineptitud en el rubro, al autorizar una huelga de controladores aéreos justo en Semana Santa (en verdad, debió haber salido antes por los decretos sobre tercerización laboral y negociación colectiva), debería seguir ahora el mismo camino. De hecho, los cargos en su contra son esta vez aún más serios.

Por lo pronto, la Fiscalía le abrió un expediente ya por los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.

Lo cierto, no obstante, es que se trata de una práctica recurrente que retrata por completo la catadura moral y las verdaderas ambiciones que movilizan a quienes se encaramaron en las alturas del poder engañando, incluso a sus electores: el saqueo del Estado en beneficio propio.

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