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Una vez más, los peruanos tenemos que ser testigos de deplorables, escandalosas decisiones de la Fiscalía o del Poder Judicial, que liberan a avezados delincuentes que los policías con gran esfuerzo atrapan, aun a riesgo de sus propias vidas.
Es lo que acaba de suceder con José Antonio Ríos Gil, uno de los sujetos que cayó en el búnker de Pachacámac –en posesión de drogas, armas de fuego y granadas de guerra– el 21 de noviembre último, pero que fue puesto en libertad, junto al resto de sus compinches, luego de pasar breves días en la cárcel.
¿Y qué ocurrió después de ser liberado? Obvio: lo que se esperaba. Este delincuente venezolano y otros cómplices volvieron a hacer de las suyas al disparar contra ocho policías que intervinieron el hostal donde se encontraban. Dos efectivos quedaron malheridos.
Como ya hemos advertido anteriormente, esta falta de consistencia en la lucha contra el crimen impide que los operadores del derecho logren resultados tangibles en su esfuerzo por hacer retroceder la ola delictiva que envuelve a nuestro país. Una ola que continúa reventando en las calles sin haber perdido un ápice de ferocidad.
El Ministerio Público y el Poder Judicial se tiran la pelota constantemente sobre las excarcelaciones de facinerosos con abultado prontuario, pero quienes pierden son los ciudadanos, pues son ellos quienes sufrirán las consecuencias de semejantes desaguisados legalistas o burocráticos.
Los malhechores, mientras tanto, se deben estar revolcando de risa: la policía los detiene –a menudo incluso en flagrancia– y a los pocos días ya están otra vez en la calle dispuestos a todo, por obra y gracia de algún fiscal de sospechosa puntillosidad administrativa, asustado o debidamente aceitado, como dirán algunos malpensados.
Uniformizar criterios no sería difícil si hubiese una cabeza que dirija la estrategia. Ni la presidenta Boluarte ni el recientemente designado ministro del Interior parecieran tener mayor interés en comprometerse en esta batalla, más allá de los discursos.
Una vez más la falta de liderazgo se hace ostensible en el Gobierno. Las fuerzas de seguridad hacen la tarea, pero si en el Poder Judicial van en dirección contraria, es obligación de las más altas autoridades del país poner orden en la casa y solucionar de inmediato ese conflicto, que no es reciente ni pasajero. Señores: respecto al delito, el país está en emergencia.
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