Las alternativas que se han estado agitando en estos días –cual amenazas veladas entre una y otra orilla– no representan posibilidad alguna ni serán suscritas por quien enarbole principios democráticos en nuestro país. Ni la vacancia presidencial ni el cierre del Congreso son aceptables. El Perú necesita diálogo y negociación que garanticen una transición ordenada. Ejecutivo y Legislativo le deben tranquilidad y confianza tanto a los mercados e inversiones, como a los ciudadanos de a pie, que son quienes hoy más sufren los rigores de un país que no atina a resolver sus problemas ni se enfoca en la consolidación de un futuro mejor.
La reunión que sostendrán el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, será crucial para definir el futuro inmediato del país. Esto en lo que respecta al impasse político en que nos hallamos, pero si nos remitimos a la economía, los eventuales acuerdos a que lleguen tendrán aún mayor impacto, ya que es por ese lado que el bote hace más agua.
Y aunque para nadie es un secreto que, tras su derrota en los últimos comicios presidenciales, el fujimorismo keikista ha hecho lo posible e imposible, lo legal e ilegal, para hacer fracasar tanto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como al de Vizcarra, tampoco se puede eximir al Ejecutivo de sus tareas pendientes en la reactivación económica que la ciudadanía viene esperando desde el gobierno anterior, mientras las cifras de las proyecciones de crecimiento anual se encogen mes a mes.
Existe, pues, una responsabilidad histórica compartida por el estancamiento en que se encuentra el país, no a partes iguales desde luego, pero que, más allá de trasegadas disputas coyunturales, reclama una reorientación perentoria y firme. Con la dinámica de colisión permanente, las únicos que saldrán ganando, como repiten los especialistas, serán las fuerzas centrífugas de la política peruana, los antisistema, que crecen con la narrativa –cada vez más difundida, como se puede apreciar en las regiones que han entregado su voto y apoyo callejero a estas tendencias– de una democracia corrupta que solo sirve para obstaculizar el progreso económico e impedir una distribución más equitativa de la riqueza.