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Fecha Actualización
Corría el lustro 2014-2019 y los hechos son los siguientes:
1. Solicitud de Odebrecht de concurso de acreedores (Perú21, 17 de junio)
“El conglomerado Odebrecht SA solicitó este lunes protección por bancarrota, con el objetivo de reestructurar pasivos por 51,000 millones de reales (13,000 millones de dólares), una de las mayores reestructuraciones de deuda en América Latina”.
2. Reparación civil de Odebrecht (Gestión, 19 de junio)
“En conferencia de prensa, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, informó que el monto de reparación civil establecido para la empresa Odebrecht es de S/610 millones, con compromiso de pago a 15 años”.
3. Respuesta de procurador Ramírez al pedido de Odebrecht (Gestión, 2 de octubre)
“Como se recuerda, Odebrecht solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en julio reembolso de S/524 millones, tras venta de Chaglla.
La devolución sería necesaria en la medida en que la empresa necesita oxígeno financiero y económico para seguir realizando sus operaciones en el país [...] Acá estamos prefiriendo un bien mayor que es conocer la verdad y quiénes han cometido estos graves hechos contra el Estado”.
4. Pedido del banco estatal brasileño Caixa Económica Federal (El Comercio, 3 octubre)
“(Caixa Económica Federal) pide la destitución de los actuales administradores y la convocatoria de una asamblea general de acreedores para elegir a nuevos gestores”.
Durante los 60 días de plazo que les concedió la ley de quiebras fueron incapaces de evolucionar mínimamente en las negociaciones con sus acreedores, hasta para proponer una forma de pago básica, según consta en el recurso de la Caixa Económica.
La deuda del conglomerado brasileño se calcula que roza los US$24,500 millones al cambio actual.
Y todavía más grave, el citado ‘plan’, además de no tener lo que un plan de recuperación real debería tener, está lleno de ilegalidades, con autorizaciones genéricas, previsión de supresión de garantías y tratamiento diferenciado de acreedores”.
Ante estos hechos y cronología cabe formularse las siguientes preguntas:
Primera: ¿por qué el Poder Judicial se demoró cinco años (desde 2014) en fijar la reparación civil?
Segunda: ¿por qué se establece la reparación civil precisamente dos días después de que la empresa –ya técnicamente quebrada– solicita, el 17 de junio, concurso de acreedores?
Tercera: ¿por qué el procurador ad hoc no explica a la población que la reparación civil de S/610 millones sería meramente testimonial a menos que el Perú se cobre del dinero retenido en el fideicomiso porque la empresa está quebrada?
Cuarta: ¿por qué, a pesar de que un banco estatal de Brasil ha solicitado a la Corte brasileña la destitución de los actuales administradores, el procurador peruano pide que se entregue a Odebrecht S/524 millones del fideicomiso, en lugar de aplicar dicho dinero a los S/610 millones de reparación civil?
Quinta: ¿por qué no se dice clara y directamente a la población que S/524 millones es el humillante precio que Perú tiene que pagar para que Odebrecht entregue los codinomes?
Sexta: ¿por qué no se puso, desde un principio, la condición de que se entreguen absolutamente todos los codinomes en lugar de este salami de entregas sucesivas?
Séptima: ¿qué garantía hay de que la última entrega de 71 codinomes agote la lista? El precio: 524 millones dividido por 71 es igual a S/7,380,028.17.
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