Yaya tiene 12 años y vive en el albergue del colegio Ciro Alegría, en la provincia de Condorcanqui en Amazonas. Ella y otra niña, amiga suya, fueron violadas sexualmente por el director del plantel, quien usó un inhumano señuelo: darles una mayor ración de comida. Este sobrecogedor suceso es considerado por el ministro de Educación, Morgan Quero, como una posible “práctica cultural”.
La indolencia se siente como la dureza de las tablas apilonadas sobre las cuales los niños duermen hacinados sin posibilidad de volver a diario a sus comunidades. Cruzar el río Marañón les tardaría dos horas y caminar entre la selva, tres días. En el albergue no hay electricidad; sin embargo, los niños les temen, más que a la oscuridad, a sus profesores. Desde 2014 a mayo de 2024, existen 524 denuncias por abuso sexual contra menores entre los 5 y 17 años, algunos contagiados con VIH.
Yaya supo que el director seguiría trabajando en el colegio y decidió volver a su comunidad en Nueva Esperanza llevando a cuestas el trauma de la agresión sufrida y el abandono de un Estado que no la protege y, sin embargo, sí lo hace con el agresor a quien la justicia no persigue.
Si bien la Ley 29988 inhabilita a docentes “condenados” por 17 delitos graves que van desde violación sexual y terrorismo, entre otros, estos delincuentes terminan contratados en colegios privados o públicos por ignorancia o corrupción en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Entre 2018 y 2023, fueron separados del magisterio 2,658 profesores y personal educativo. De ellos, el 71% tiene condenas por violación sexual contra escolares, según cifras del Minedu, cuyo titular sostiene que se trata de una “práctica cultural”.
Historia aparte son “los acusados” que aún no reciben condena y no existe ni siquiera un registro para identificarlos.
En 2023, la entonces ministra de Educación, Magnet Márquez, propuso un proyecto de ley para el acceso público y gratuito al padrón de profesores condenados; sin embargo, su propuesta fue rechazada porque el entonces ministro de Justicia, Daniel Maurate, argumentó que la Ley de Protección de Identidad dispone que los que ya cumplieron condena tienen derecho a resocializarse y a no ser estigmatizados.
La lista de docentes condenados por agresión sexual a menores debe ser de acceso público y gratuito como ocurre en otros países.
En Estados Unidos, la Ley Megan autoriza el registro con fotografía, acceso público y un procedimiento de alerta ante la presencia de delincuentes sexuales en una comunidad. Megan era una niña de 7 años que fue ultrajada y asesinada por un vecino y fue tal la indignación que el Congreso y la Corte Suprema actuaron de inmediato.
El anonimato genera impunidad. No queremos una ley que proteja la identidad del delincuente por encima de indefensos niños como Yaya de la comunidad awajún. No queremos autoridades de escritorio con doctorado, maestrías internacionales y que, en Humanidades, demuestran absoluta insensibilidad.
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