A pesar de gastar millones en abogados, Lula da Silva no está teniendo éxito en el terreno judicial. El juez de primera instancia, Sergio Moro, lo sentenció a nueve años y medio de prisión, y el Tribunal Federal Regional 4 (TRF-4) confirmó el fallo de Moro por unanimidad (3 a 0) y amplió la sentencia a 12 años y un mes. La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), también por unanimidad (5 a 0), negó el hábeas corpus presentado por Lula contra la aplicación de la sentencia.
Lula está ejerciendo presión sobre el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia jurídica de Brasil, para que emita una sentencia ad hoc para su caso, y lo libere de la prisión. Los congresistas y jueces ligados al PT siguen insistiendo con la presidenta del STF, Carmen Lúcia, pero sus presiones no están funcionando. El tema no ha entrado en la agenda de marzo ni de abril. Un año atrás, el STF emitió, por unanimidad, una sentencia favorable al encarcelamiento de los criminales condenados en segunda instancia, y esta es la situación de Lula.
Sin el apoyo del STF, la prisión de Lula depende ahora de una resolución del TRF-4 que lo condenó y que se emitirá en menos de 30 días.
Ante la inminencia de su prisión, Lula ha iniciado una campaña de victimización, arguyendo que su condena no ocurre por sus delitos de corrupción. Él busca presentarse como un líder progresista perseguido por sus ideas, y no como un político condenado por haber montado la mayor red de corrupción de Brasil.
La película aún no ha concluido, pero el guion está yendo hacia un desenlace jurídicamente consistente: Lula no será un preso político, sino un político preso.