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Por una justicia sin lobbies: la JNJ en riesgo
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Por Úrsula Indacochea Prevost*
Al ser entrevistada como candidata a integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Perú, la magistrada María Zavala Valladares es interrogada acerca de sus logros durante el período en que representó al país ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Concretamente, uno de los miembros de la Comisión Especial le pregunta “qué cosa se pudo obtener” para la justicia en el Perú. Pocos han reparado en su reveladora respuesta, y sobre todo, en el inmenso riesgo que entraña para la independencia judicial. Pocos han reparado en que la magistrada, hoy elegida miembro de la JNJ y a punto de juramentar el próximo lunes, ha reconocido haberse aproximado a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una reunión privada organizada por la cancillería, y haberles formulado preguntas sobre las denuncias interpuestas contra el Estado peruano por presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos.
“Aquí hay que hacer lobby”, dijo que le informaron en la cancillería apenas llegó a Washington. “Yo aprendí mucho”, es lo que dijo en su entrevista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un órgano de la OEA que tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. A través del sistema de peticiones y casos, recibe las denuncias presentadas por víctimas y organizaciones de derechos humanos, las estudia, y luego de escuchar los alegatos del Estado, establece si un Estado violó o no sus obligaciones internacionales en esta materia. Las víctimas llegan allí luego de no haber obtenido justicia en sus países. Frente a ello, los Estados se defienden para no ser condenados. Hay un conflicto que debiera resolverse en base a hechos probados y a argumentos técnicos. ¿Qué pensarían las víctimas de esos casos?
La confesión de Zavala es grave y desesperanzadora. Primero, porque la desactivación del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura se debió a la comprobación de altos niveles de corrupción en el aparado de justicia, mediante vergonzosas negociaciones y tráfico de influencias. Si algo abundaba allí, era precisamente el lobby para nombramientos, ratificaciones, ascensos e incluso la elección de la Presidencia del CNM. ¿No deberíamos alejarnos de cualquier sombra de estas prácticas, con todas nuestras fuerzas? Pero también es grave porque la Comisión Especial no parece inmutarse con esta declaración: no se prenden las alarmas, no se indaga mas allá, pese a que este concurso contaba con nuevas reglas que prometían filtrar candidaturas sin vocación democrática.
Como reconoce la CIDH en su reciente informe sobre Corrupción y DDHH, no se puede luchar exitosamente contra la corrupción judicial, si ésta se instala en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El inmenso poder que tendrá la JNJ, la convierte en un bocado apetecible para quienes pretendan controlar la justicia. Por eso deben integrarla personas que no tengan ningún tipo de cuestionamientos ni objeción éticas. El lobby en temas de justicia, definitivamente no es un logro para exhibir.
*Directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación por el Debido Proceso
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