¿Por la plata (de la Derrama) baila el mono?

El jueves, mientras alentábamos a nuestra selección en su primer partido por las Eliminatorias a Qatar 2022, el Congreso le hizo foul al país entero, lo pateó por la espalda y le fracturó su hueso más débil aprobando una ley para reincorporar a las escuelas a más de 14 mil profesores que o no pudieron aprobar o no se presentaron a rendir el examen de conocimientos que definiría su permanencia en el magisterio.

El populismo que caracteriza a la mayoría de los actuales representantes es conocido, patético y rastrero, pero esta vez no votaron en contra del Perú y a favor de ellos, como ya tantas veces lo vienen haciendo; esta vez fueron más allá, votaron una ley contra los niños más pobres del país y a favor de un partido político como Patria Roja, que disputa el control del sindicato de maestros, pero, sobre todo, la administración de los miles de millones de soles que maneja la Derrama Magisterial.

La fragilidad moral e intelectual que ostentan la mayoría de los actuales parlamentarios nos permite a los ciudadanos de estos días apreciar, en tiempo real, cómo viejas y nuevas agrupaciones políticas como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Fuerza Popular, Frepap, Podemos y Frente Amplio le sirven de títere a la dirigencia de Patria Roja encarnada en el Sutep: el único beneficiado con la aprobación de la nefasta ley contra la meritocracia en el magisterio.

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No es un secreto que Patria Roja ha visto diezmado dramáticamente su poder en el sindicato de maestros, Sutep, por lo que la lealtad de los 14 mil “reincorporados” le vendría, realmente, a pelo. Patria Roja tiene años disputando el control del sindicato y el de la Derrama Magisterial, con otros liderazgos ciertamente más violentos. Aquí mismo, en Perú21, denunciamos hace dos meses, el 16 de agosto pasado, los nexos que el Sute-Conare –manejado por el Movadef, es decir, Sendero Luminoso– estaba cultivando al interior de la Comisión de Educación, con la intención de intervenir en la Derrama Magisterial.

Eso explicaría por qué los congresistas de Acción Popular, Ricardo Burga, y de Alianza para el Progreso, Omar Chehade, solicitaron directamente a la Mesa Directiva que se agende para votación la ley para reincorporar a los profesores jalados, saltándose, olímpicamente, a la Comisión de Educación.

Se equivocan quienes piensan que los congresistas de casi todas las bancadas, a excepción de seis del Partido Morado y dos de Fuerza Popular, votaron pensando que esos 14 mil potenciales electores retribuirían con sus votos a sus partidos en las cercanas elecciones de 2021. Quizá eso fue lo que los voceros de las bancadas les hicieron creer a sus correligionarios, pero eso no resiste el menor análisis: son demasiados grupos políticos y los profesores jalados tendrían que organizarse para votar, proporcionalmente, por todos y cada uno de ellos.

En cambio, de proceder esta canallada, el Sutep (y Patria Roja) saldría fuertemente reforzado como el sindicato que logró la reincorporación de sus colegas; sin importar, por supuesto, que sean incapaces de orientar y educar a los niños más pobres del país, ayudándolos a labrarse un futuro.

No en vano el mismo Sutep se fajó, la noche del jueves y todo el viernes, en las redes sociales defendiendo la ley de marras, a capa y espada, y tratando de debilitar las opiniones autorizadas de expertos en la materia. El tuit de la exministra Flor Pablo explicando cómo esta ley contradice el principio meritocrático de la Reforma Magisterial, por ejemplo, fue rebatido inmediatamente por la cuenta oficial del Sutep señalando que esos maestros rindieron una prueba que fue diseñada para desaprobarlos. ¡Por favor!

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