(Foto: EFE)
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El pasado 30 de mayo, la coalición de gobierno del presidente español Pedro Sánchez aprobó la ley de amnistía que pretende cancelar las audiencias judiciales y condenas a todos los involucrados en el inconstitucional intento separatista catalán de 2017. Según esta legislación, los delitos de sedición del gobierno autónomo de Cataluña de ese entonces no son válidos y los de malversación de fondos solo seguirán vigentes si se enriquecieron los funcionarios que los cometieron.

Esta decisión es percibida como una capitulación del partido socialista ante sus aliados, que incluyen a los dos partidos independentistas catalanes con representación en el Parlamento nacional, Esquerra Republicana y Junts per Catalanuya, para que el gobierno pueda sostenerse en el poder gracias al apoyo, en especial, de estos dos partidos que han canjeado su participación en la coalición de Sánchez a cambio de la rehabilitación política y la impunidad de los miembros que participaron en el golpe independentista de 2017.

Les toca a los tribunales españoles decidir cuáles aspectos de la ley de amnistía son o no constitucionales, pero no hay dudas de que Sánchez negoció esta peligrosa ley por razones populistas. El escritor Sergio del Molino arroja ciertas luces sobre este tema en su libro Contra la España vacía (2021):

“Qué derechos y libertades individuales reconocería una república catalana que no estén reconocidos ya en España o no puedan reconocerse en el futuro mediante el trabajo legislativo? Suponemos que se usaría libremente el catalán en todos los ámbitos públicos, se instauraría un sistema educativo propio y se promovería la cultura catalana desde las instituciones del nuevo Estado. ¿No existe todo eso desde hace más de cuarenta años?”. “En el plano económico tampoco se entiende qué diferencias habría entre una república catalana que aspira vivir dentro de la UE y una España ya integrada en la UE?”. “¿Qué puede ofrecer una Cataluña libre que no tenga ya España?”.

La sensatez no prima en un mundo populista.

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