Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com
(No hay que olvidar que ese fue un recurso de Vladimiro Montesinos para someter a la Policía –unificada unos años antes– al poder militar).
Eso tiene un elevado costo monetario que obliga a ejecutarlo de manera gradual, con un cronograma preciso de, por ejemplo, tres años. Porque la vida, la seguridad y la tranquilidad de los peruanos lo justifica plenamente.
Si la seguridad fuera un tema prioritario para quienes gobiernan, no se explica por qué el pliego presupuestal del Ministerio del Interior ha descendido de manera sistemática desde el año 2000.
En ese entonces, la cifra representaba un 8.2% del Presupuesto General de la República; sin embargo, ahora llega apenas al 4.3%. Es cierto que los niveles de corrupción, generalizados en el cuerpo policial, desaniman al más pintado cuando se trata de incrementar recursos para la seguridad. Es sabido que buena parte de ellos se van a esfumar en el carrusel de la gasolina y en la compra de equipos al gusto del director de turno. Pero ha llegado el momento de acabar con esa situación.
Hay que hacer de la seguridad pública una política de Estado, concertada con todos los sectores de manera que se garantice su continuidad.
No es posible que sigamos teniendo ministros del Interior que no llegan a cumplir un año en el cargo.
Hay que purgar a la Policía Nacional de sus malos elementos y, luego, darles el estatus y la remuneración que se merecen quienes arriesgan la vida por nosotros. Podríamos tener 50 mil buenos elementos en las calles con solo pagarles por su trabajo, en lugar de obligarlos a 'cachuelearse' haciendo de guachimanes.
Es cierto que somos impacientes y queremos resultados para mañana, pero es que enerva la inacción de los responsables.