Luis Quispe,Director de ONG Luz ÁmbarAutor: SOFÍA PICHIHUA VEGASspichihua@peru21.com
Ante la racha de accidentes de tránsito en la capital, el Ejecutivo publicó esta semana un decreto supremo para aplicar mano dura contra los choferes infractores. La norma sanciona drásticamente a los malos conductores y establece responsabilidades de fiscalización a las municipalidades y a la Policía. Al respecto, Luis Quispe Candia, especialista en transporte y director de la ONG Luz Ámbar, saludó la iniciativa, pero advirtió de algunos vacíos.
¿La normativa era tolerante con los malos conductores?Era muy tolerante. Conducir en estado de ebriedad y causar un accidente de tránsito era sancionado con el pago de una UIT, lo que equivalía a 3,800 soles. Además, la sanción no pecuniaria era la cancelación del brevete por tres años. Esto ha sido cambiado. Por más pequeño que sea el accidente de tránsito, se sancionará indefinidamente a los choferes. Nosotros reclamamos hace tiempo esta medida. La ley era muy tolerante. Es bueno subrayar que aunque el conductor esté sobrio y cause lesiones graves a un pasajero o peatón, será sancionado con la cancelación definitiva.
Ahora los choferes no se salvarán de ser sancionados por la prescripción de sus faltas…Es positivo que el proceso sancionador tenga una vigencia de cuatro años en lugar de dos años, como era antes. Los conductores podían dejar de ser sancionados si alargaban el proceso con recursos administrativos. Incluso los choferes en estado de ebriedad podían pagar su multa, pero si se extendía su proceso y prescribía, allí terminaba todo. Por otro lado, los conductores de transporte público ya no tendrán un descuento para las papeletas. En los primeros días solo pagaban el 17% de la multa.
Y las empresas de transporte han sido advertidas de posibles sanciones por incumplir la norma…Las empresas tienen que monitorear el récord de los conductores. Si llegan a los 100 puntos, simplemente, ese vehículo ya no puede salir a recorrer las calles. Y si lo hace, la sanción va a caer contra la empresa de transportes. Eso implicará otras medidas.
¿Las empresas podrán cumplir con esa disposición?Las empresas de transporte deberán contar, primero, con la base de datos de todos sus conductores. No están capacitadas actualmente porque muchas no tienen esa base de datos. Además, un chofer con 50 puntos puede, en un solo día, completar los 100 puntos para que se le suspenda la licencia. Será difícil monitorearlos.
Y la Policía también debe cumplir una ardua labor de fiscalización. ¿Lo podrá hacer?Será difícil ejecutar la retención de los brevetes a los conductores que superen los 100 puntos en faltas al reglamento de tránsito. La Policía no está equipada. Ese es un vacío. Se le dice qué debe hacer, pero no se le otorga escáneres para que puedan detectar a los infractores con el código de barras.
Y la norma pide equipos electrónicos calibrados por el Indecopi…La Policía no podrá cumplir con su labor porque no cuenta con equipos especificados en la norma.
¿Esto podría incrementar los casos de corrupción?Lo más probable es que los hechos de corrupción continúen. No se está dotando de un adecuado sistema a la Policía.
¿Cómo se puede reforzar la fiscalización de los conductores que siguen causando accidentes y mantienen papeletas impagas?El procedimiento administrativo es largo. No se cumple porque las autoridades, la municipalidad provincial, no informan debidamente sobre las faltas cometidas. El trámite es lento. Los titulares de las licencias de conducir no tienen la dirección correcta y por ello no les llega la notificación. Se podría recurrir a otro procedimiento. La idea es que mediante una declaración jurada, que debe ser firmada antes de que se le entregue el brevete, los conductores sean obligados a devolver su licencia si ya saben que han llegado a los 100 puntos. Eso se puede hacer. Y los choferes no podrían quejarse porque la licencia para conducir vehículos no es un derecho, sino una gracia que el Estado le da a un ciudadano. De no cumplir con esa medida, el conductor podría sufrir la cancelación de su brevete por 5 o 10 años. Así pensarán dos veces si continúan conduciendo. Que la Policía compre escáneres o que la empresa controle a sus choferes es mucho más complicado. Esta declaración jurada sería una alternativa mucho más sencilla. Y se podría inscribir con solo modificarse la norma a través de un decreto supremo.
¿La norma está reiterando responsabilidades que ya estaban establecidas?Sí. Las municipalidades ya sabían que podían sancionar a las empresas de transporte. No sé por qué no lo hicieron con Orión desde hace tiempo. El artículo 49 de la normativa ya establecía que las municipalidades podían suspender una unidad o la ruta de transporte si una compañía tiene deudas por más de un año. Pero nunca lo han hecho. Lo que pasa es que no leen la norma.
¿Cuánto ayudarán estas normas para solucionar el problema del transporte en la capital?Son muy importantes, pero hace falta la creación de una Autoridad Autónoma del Transporte en Lima y Callao. No sé por qué el ministro (de Transportes, Carlos Paredes) no incluyó esta disposición en el decreto supremo. El Ministerio de Transportes podría haber logrado que se constituya esta única autoridad y lamentablemente no lo ha hecho. Lo que pasará es lo mismo de siempre: vamos a ver a dos municipalidades competir por la entrega de rutas de transporte público.
La reforma del transporte establece nuevas rutas organizadas en la capital…Solo en Lima. Por eso habrá problemas. La Municipalidad del Callao ya ha advertido que no va a respetar la licitación de los corredores complementarios. Las empresas del Callao no van a querer salir de las vías en julio, mes en el que se pondrá en marcha el primer corredor por las avenidas Tacna, Wilson y Arequipa. Se pone en peligro la reforma.
¿Qué se requiere hacer?Se deben integrar las rutas. Para ello se necesita una autoridad única en transporte. Se puede disponer la creación de una autoridad en un decreto supremo. Ni Lima ni el Callao han solicitado la autoridad común. Esta sería la que establezca las leyes y regule el transporte en Lima y Callao. De esta manera se conformaría un equipo técnico que no necesariamente provenga de las mismas municipalidades. Además, desaparecerían las gerencias de transporte urbano de cada comuna.
Regresando a la reforma, la municipalidad ha afirmado que las empresas que circularán en julio deben haber cancelado sus deudas antes de julio.Si alguna de las empresas tiene papeletas impugnadas en proceso, legalmente no se les puede impedir circular. Además, la concesión del primer corredor ya está hecha.
La alcaldesa Susana Villaran sugirió municipalizar la Policía de Tránsito para sumar fuerzas entre dos mil agentes y casi mil inspectores de tránsito. ¿Qué opina?Podría ser una medida positiva, pero antes hay que profesionalizar a la Policía y equiparla, si no seguiremos en lo mismo.
AUTOFICHA
■ Luis Quispe Candia es presidente de la ONG Luz Ámbar, dedicada al análisis del transporte en la capital. Ha presentado proyectos de ley vinculados a la reforma del transporte y dirige diversas capacitaciones.
■ "El código de barras de los brevetes hasta ahora no tiene utilidad. Los policías deben ser equipados con escáneres para aprovechar esa tecnología en la fiscalización", refirió Quispe.
■ Quispe Candia lamentó que no se cumplan las normas. "Las empresas no pagan sus deudas y podrían ser suspendidas, pero las municipalidades no se encargan de ello. Por ello, los accidentes no paran", dijo.