Los partidarios del estatismo en el Perú se la jugaron por el retorno de PetroPerú a la arena empresarial. Los "oil-boys" locales querían una empresa estatal petrolera a todo trapo, tanto en la parte de exploración y explotación (upstream) como de refinamiento y distribución (downstream). Sonaba bien, como casi todo empréstito estatista.
Frente a las preocupaciones de muchos (por ejemplo, la potencial injerencia política o el amplio espacio para corruptelas), los estatistas salieron a conciliar con ofrecimientos y cálculos variopintos: a US$110 el barril teníamos que ser muy lerdos para no aprovechar nuestra producción, o la imposición de normas de buen gobierno corporativo, o la participación privada en los proyectos, entre otras. Humberto Campodónico, ex presidente de PetroPerú y uno de los más activos promotores de estas ideas, escribió decenas de artículos en dicha línea. ¿Por qué Perú iba a estar fuera de tan rentable negocio? Para Campodónico, no solo PetroPerú debía ser eficiente, sino también transparente. Claro, eso en el 2012: "PetroPerú será la empresa más moderna del Estado". El modelo a seguir era la estatal brasileña Petrobras, con la que –además– nuestros "oil-boys" firmaban cuanto acuerdo les ponían al frente.Pues bien, pasadas las firmas de los contratos, el desplome del precio del petróleo y los escándalos de corrupción del gigante carioca… ¿salió alguno a cuestionar sus creencias? Aún no, aunque esperaremos (sentados mejor) por si alguno se anima.
Las razones detrás de limitar el regreso de PetroPerú al negocio en grande eran muy simples: primero, porque no es el papel del Estado participar en la actividad privada; esto sin importar que en otros países se haga o no. El Estado Peruano no ha sabido ni educar, ni atender hospitales, ni brindar seguridad personal o jurídica; nuestras estadísticas así lo demuestran. ¿Por qué creería alguien que está capacitado para manejar un negocio tan complejo y especializado? Lo segundo es, obviando lo primero, bastante básico: no cuenta con capacidad gerencial, ejecutiva ni técnica; lo tercero es más sencillo aún: los peruanos no tenemos por qué asumir los riesgos que acompañan dichas empresas (un desplome del precio del crudo, por ejemplo); luego están las razones obvias, y ya mencionadas: injerencia política, corruptelas, etcétera. Pues bien, tan solo dos años después las razones del rechazo han cobrado mayor evidencia. En el ínterin, el gobierno nacionalista entregó, en procesos poco transparentes, la modernización de la refinería de Talara y el Gasoducto del Sur, obras que en conjunto superan los US$10,000 millones. En el colmo del oscurantismo, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, está cuestionado por diversos casos de conflictos de intereses, uno de ellos que involucra a la empresa Odebrecht, ganadora (como postor único) del Gasoducto del Sur, y quien ahora pretende introducir una petroquímica al proyecto (¡inflando en otros US$8,000 millones el ticket!).
Entonces, si de transparencia se trata (como garantizaba Campodónico hasta hace poco), peor no lo pudo hacer la estatal petrolera. Y si de riesgos se trata, tampoco. Entre 1945 y 1973, el precio del crudo nunca pasó los US$20 el barril; la crisis del embargo y la revolución iraní llevaron el precio a cerca de US$75, para luego retornar al "promedio histórico" de US$20 entre comienzos de los 80 y los 2000. A partir del 9/11 el precio del barril empezó una senda de crecimiento, y llegó a sobrepasar los US$140 en el 2008. Era, a toda vista, un precio insostenible. La crisis del 2009 trajo el precio a menos de US$40, pero el siguiente 'boom' monetario volvió a crear una burbuja especulativa, manteniendo el crudo por encima de los US$100 entre el 2011 y comienzos del 2014. Hoy, el petróleo baja y se posiciona alrededor de los US$60. Si seguirá cayendo o no, es imposible saberlo, pero queda claro que son riesgos que los peruanos no debemos asumir. Dos de tres, hasta ahora: ni transparencia ni capacidad de enfrentar los riesgos. La única línea de defensa de los "oil-boys" quedaba en pie: ¿por qué no permitirían a PetroPerú si, por ejemplo, Petrobras demostraba la idoneidad del modelo? La respuesta era (y es) sencilla: por las corruptelas a las cuales nos exponemos. El tiempo nos dio la razón. Todo reventó en marzo del año pasado cuando el encargado de refinamiento Paulo Costa se encontró en medio de una investigación de corrupción, que involucraba a la estatal (cuando la actual presidenta Dilma Rousseff era, nada menos, ministra de Energía). Las empresas investigadas incluyen, por supuesto, a Odebrecht, y los montos del escándalo sobrepasan los US$3,700 millones (ver The Economist). Tres de tres.