Pesadillas con la sábana electoral

El próximo viernes vence el plazo para que los que quieran candidatear estén inscritos en alguno de los 30 partidos o más que podrán participar de las elecciones. El escenario de fragmentación y polarización parece inevitable, aunque es posible que pase de todo en los 22 meses que faltan para la primera vuelta y los 10 que faltan para su convocatoria a elecciones.

El juicio a Keiko Fujimori va a ser noticia continua durante los próximos seis años (o más) y es difícil predecir cómo va a impactar en el proceso electoral. Uno de sus efectos perjudiciales es el de pretender que toda donación de una empresa a un partido político es sinónimo de corrupción. Ello hace más difícil que se puedan aprobar leyes que levanten esa prohibición, que nos deja a merced de que solo las economías ilegales: minería, tala, narcotráfico, trata de personas, etcétera, financien candidaturas en todo el espectro político, especialmente en las regiones donde tienen mayor incidencia. El financiamiento de partidos por el sector privado formal de la economía debería ser permitido si es transparente, pero es difícil pensar que haya suficientes parlamentarios interesados en pasar esa reforma y suficientes empresas dispuestas a hacerlo si se asume que hacerlo es corrupto.

La Fiscalía, además, ha tergiversado la campaña realizada por Confiep a favor de la economía de mercado como si fuera un aporte a la campaña de Keiko Fujimori y acusado a Ricardo Briceño, sin argumento válido alguno.

El juicio va a ser una telenovela aburrida e interminable porque, según los entendidos, probar la tesis de lavado de dinero es muy improbable, porque requiere tener razones para sospechar del origen ilícito de los montos recibidos. Sin embargo, para el peruano de a pie la narrativa que probablemente se reforzará en sus mentes es la de manejos ocultos e impunidad. En un país en donde nadie cree en nadie, un caso más así, que será precedido por el de los Humala, generará la idea de que el poder se ejerce para bien de pocos y ello resulta impune. Ese es, además, el ejemplo que indubitablemente dejan Castillo y Toledo. En el camino, muchos funcionarios honestos recorrerán el vía crucis que el Poder Judicial y la Fiscalía les imponen. El resultado de todo va a ser una sociedad más desconfiada y no mucho más. Debería establecerse un número máximo de páginas para un expediente, de testigos por juicio, etcétera. Así como en las películas, el juez debería poder llamar al orden y obligar a las partes a un uso más productivo del tiempo. Justicia que tarda no es justicia, y no hay cabeza que pueda retener 6 mil páginas. A todos les haría bien una buena poda de todo ese palabreo.

Ojalá pudiera hacerse un trato gobierno a gobierno para mejorar nuestro sistema de justicia, en vez de que el Congreso, infestado de acusados, pretenda modificarlo. No hay manera de enfrentar el crimen organizado y las economías ilegales sin fortalecer toda la cadena PNP-Fiscalía-Poder Judicial-INPE, y es algo que toma tiempo en producir resultados.

El actual ministro del Interior, cuestionado desde el primer día que fue convocado por sus antecedentes ya cumplió con la desactivación de la Diviac que, al depender de la Dirincri, ya no podrá ver los casos de corrupción política, pero es difícil creer que el Gobierno va a interrumpir su capacidad para crearse problemas, al menos es lo predecible en este momento. Peor aún, el Congreso posiblemente irá incrementando su grado de descaro respecto de iniciativas que sean solo de interés de algún grupo y perjudiquen a la mayoría. Las noticias que se produzcan en ese escenario generarán más rabia y desconfianza. Por ello, el candidato minoritario que tenga más opciones será, posiblemente, aquel que pueda canalizar esa rabia y tener una promesa creíble de cambio. Los egos se están interponiendo para lograr alianzas, ojalá pudiera firmarse un acuerdo que quien lidere encuestas a tal fecha sea respaldado por varios partidos. Las PASO nos hubieran librado de la sábana electoral, pero nos quitaron esa opción.