Es muy sabido que, después de Venezuela, Argentina es el país con mayor inflación en la región. Aquello no solo se debe al catastrófico socialismo del siglo XXI, sino a la debilidad del presidente Mauricio Macri de no hacer reformas drásticas para acabar con la inflación y la pobreza. Y las terribles consecuencias de su gobierno serán el regreso de Cristina Kirchner al poder y la alta probabilidad de llegar a una hiperinflación. Aquel caso, lamentablemente, parece ser el triste futuro del Perú.
Desde la caída de la dictadura en 2000, la economía y la actividad laboral han sido reguladas progresivamente durante los sucesivos gobiernos so pretexto de proteger a los ciudadanos. Sin embargo, lejos de protegerlos, han hecho de este país un territorio en el que casi el 70% del sector laboral es informal. Pero, en vez de seguir modelos exitosos como el de Chile o Singapur, el Perú sigue el ejemplo de Argentina. Ese ejemplo en el que se castiga al exitoso. Porque si uno empieza a ganar más, el Estado le quitará más del dinero producto de su esfuerzo; porque en el Perú se dice alentar el emprendimiento, pero para poder emprender se necesitan centenares de permisos y se tiene que pagar impuestos altísimos. Es por ello que, en el ranking de competitividad laboral, el Perú ocupa el puesto 63.
Si seguimos este camino, en el que las regulaciones aumentan constantemente, cuando menos lo pensemos, estaremos igual que Argentina. Por ello, los ciudadanos debemos levantar la voz de protesta contra esos políticos arrogantes cuyas idas hicieron de Venezuela y Argentina países miserables. Porque el trabajo es un derecho, y si se le tiene que pedir permiso al Estado para trabajar y, encima, dejar que arrebate parte de nuestro dinero, estamos destinados al fracaso y a la pobreza.