Fraude sindical

Recordemos que apenas llegó Pedro Castillo a la presidencia de la República, su operador de entonces en el gabinete, el ministro Iber Maraví, le otorgó el reconocimiento legal al sindicato, entre gallos y medianoche, casi sin siquiera haberse terminado de acomodar en el sillón del despacho ministerial.
Presidente Pedro Castillo se reunió con ministro de Educación (Foto: Andina/Presidencia)

La investigación de sobre el uso de firmas no autorizadas de docentes para lograr la inscripción de la Fenatep en el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre el tapete un elemento adicional, y quizás el más grave, sobre este sindicato, promovido por el presidente Castillo desde 2017, cuando entonces era Conare Sute, y mantenía notorios vínculos con el Movadef senderista.

Recordemos que, apenas llegó Pedro Castillo a la Presidencia de la República, su operador de entonces en el gabinete, el ministro Iber Maraví, le otorgó el reconocimiento legal al sindicato, entre gallos y medianoche, casi sin siquiera haberse terminado de acomodar en el sillón del despacho ministerial.

Con la denuncia de los profesores de Apurímac, que se han sentido burlados al descubrir que sus firmas figuraban en los planillones de inscripción del Fenate, el Sutep, con legítimo derecho, ha pedido al Ministerio de Trabajo que se anule todo el trámite, que evidentemente se habría festinado para complacer al entonces flamante mandatario. Las irregularidades son tales que podrían llevar incluso a un proceso penal, pues, como afirma el abogado laboralista Jorge Toyama, se trata de un fraude en agravio de la administración pública.

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La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) es un sindicato minúsculo que contó para inscribirse con el respaldo de apenas unas decenas de maestros, pero ahora, con el promotor principal en Palacio y con uno de sus líderes históricos en el Ministerio de Educación, se siente empoderado, incluso, para presentar proyectos de ley y desplazar así al gremio mayoritario entre los docentes, el Sutep, y hacerse de los cuantiosos bienes y fondos de la Derrama Magisterial. Es decir, directo al botín.

Si la ministra de Trabajo actúa de acuerdo a ley, debería anular inmediatamente semejante registro sindical, aunque, en verdad, no se puede esperar mucho de Betssy ChAvez, que lleva ya buen tiempo “evaluando” al presidente de Essalud y, pese a las irregularidades y hasta denuncias en su contra, es incapaz de removerlo. Lo cierto es que se trata de una nueva irregularidad en un gobierno que las va ensartando una tras otra, en un largo y oscuro rosario.

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