(Imagen: difusión)
(Imagen: difusión)

La corrupción se da cuando funcionarios públicos de cualquier nivel del Estado exigen una retribución a cambio de otorgar algún permiso o adjudicación al ciudadano. Desde el inspector municipal, que a cambio de una propina consiente la permanencia del comercio de emoliente sobre la vía pública, hasta los más altos funcionarios entregando concesiones de obras sobrevaluadas o una inútil y sobredimensionada refinería de petróleo a cambio de jugosas compensaciones.

Ya sea que la iniciativa del crimen la tome el privado o el burócrata encargado, el resultado es el mismo: Un atentado en contra del ciudadano, quien ve abusados sus derechos de tránsito por el comercio sobre las veredas o quien es privado de los servicios públicos más elementales. También se ve perjudicada la economía del ciudadano al dilatarse la inversión privada, esa que genera empleo y competitividad nacional, pero que toma años en obtener permisos limpiamente al evitar someterse al chantaje del burócrata agazapado entre trámites imposibles y plazos eternos.

La función pública es un acto noble y de servicio al ciudadano, por lo que la corrupción constituye la más vil de las traiciones. Por ello, merece el peor de los escarmientos con penas ejemplares y no la impunidad con la que nos tiene acostumbrado el Poder Judicial.

Hay una estrecha correlación entre la corrupción y la burocracia. La impunidad genera un incentivo perverso, y cual virus, se expande y multiplica a niveles pandémicos. Lejos de cesar a los malos funcionarios, estos se multiplican con cada nuevo gobierno para tomar el control de las ya infestadas instituciones.

Así, los organismos públicos, ya sean ministerios, autoridades nacionales, registros públicos, organismos reguladores, etc. recurren a más normas y procesos administrativos para ocupar a tanto funcionario. El virus de la corrupción y la burocracia son organismos simbióticos que se retroalimentan entre sí, debilitando al ciudadano con esta terrible infección, quien recurre a la vacuna de la informalidad para aliviar su carga.

La izquierda ha tratado de vincular nocivamente a la corrupción con el sector empresarial y lamentablemente algunos malos empresarios han cometido reprochables actos de corrupción, otros se sometieron a la extorsión y al chantaje, pero la mayoría de los empresarios somos víctimas de este enfermizo escenario.

Por supuesto, aún quedan funcionarios públicos probos y honestos que con gran asepsia sirven al país de manera impecable. A ellos mi reconocimiento y agradecimiento.