Luego del revés sufrido por el equipo especial Lava Jato al no lograr que su testigo estrella, Jorge Barata, colaborase en los procesos que tiene a su cargo, ha requerido al Poder Judicial que se le dicte 36 meses de prisión preventiva. Un pedido que revocaría los beneficios que iba a obtener a cambio de su testimonio.
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La encargada de materializar la solicitud fue la fiscal Geovana Mori, por el caso Gasoducto, una investigación en la que se ha documentado fehacientemente la influencia de la empresa brasileña en la adjudicación del megaproyecto durante el gobierno de Ollanta Humala.
La petición, sin embargo, pareciera más un recurso para la tribuna, pues sabido es que Brasil no entrega en extradición a sus ciudadanos, a pesar de que en 2006 se firmó un tratado con Perú que viabilizaba esa figura legal. El país de la samba tiene un largo historial de protección o dilación de procesos a encausados por delitos en otros países, fueran ciudadanos brasileños o no. Así que es muy difícil que en el caso de Barata decidan hacer una excepción. Esa nave ya partió y todo indica que los fiscales tendrán, como se dice, que apechugar con lo que tienen.
El caso Gasoducto, como se recordará, no estaba incluido en el acuerdo de colaboración eficaz y, al menos en el papel, la empresa niega haber pagado las coimas que se le atribuyen. Según la fiscal Mori, los tres millones de dólares que Odebrecht aportó para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011 los comprometieron para influir en determinadas adjudicaciones. Una por otra, como se dice.
El nuevo pedido de los fiscales llega luego del anuncio del fiscal Domingo Pérez sobre la presencia del exejecutivo de la constructora como testigo en el juicio por el caso Cocteles, lo que ha terminado siendo un bluff, pues lo hizo aun a sabiendas de que este ya había violado el acuerdo con el Ministerio Público.
Evidentemente, lo que ha hecho Barata es burlarse de la candidez de los magistrados, en un caso ciertamente complicado y plagado de sesgos dudosos, pero que, además, está adquiriendo una indeseada coloración política que no le hace ningún favor a la ya golpeada imagen del Ministerio Público.
A estas alturas del proceso, enmendar los errores cometidos parece ya imposible. Lo que sí se puede, en cambio, es que la Fiscalía evite excesos que desvirtúan el profesionalismo que deberían observar minuciosamente sus integrantes.