La delincuencia continúa en aumento y las calles de Lima y el Perú se tiñen de sangre todos los días. El plan Boluarte, que se basó en declarar estados de emergencia en varios distritos de la capital, fue, en el mejor de los casos, solo un parche que no pudo frenar la ola de inseguridad que padece el país.
La responsabilidad política del fracaso de las acciones contra el crimen organizado se trasladó a una institución que no debe ser politizada, como la Policía Nacional del Perú, en lugar de ser atribuida al ministro del Interior, como corresponde.
La decisión del Gobierno de pasar al retiro al general Jorge Angulo y sacarlo de la Comandancia General de la Policía ha generado mucha incertidumbre al interior de la institución; con su salida se ha pretendido apañar al titular del Interior, Víctor Torres, quien llegó a esa cartera sin exhibir trayectoria ni mayor pergamino.
Si bien la decisión para remover al comandante general habría sido tomada, según dijo el propio Ángulo ayer, hace varias semanas, la excusa perfecta fue la agresión que sufrió la presidenta Boluarte en Ayacucho.
En la resolución que despide a Ángulo se le acusa de todo. Desde el fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana hasta, obviamente, la frágil seguridad que rodea a la jefa de Estado. En el primer caso, la responsabilidad debería recaer única y exclusivamente en la presidenta y sus ministros, ellos son los que desarrollan las políticas públicas, decretaron los estados de emergencia y quienes debieron trazar la estrategia correcta para enfrentar a la delincuencia. La PNP ejecuta las políticas. Y en el caso de Ayacucho, la función de custodiar a la presidenta depende de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, y, por qué no, también del ministro Torres, quien pudo haber desplegado una mejor fuerza de protección policial a sabiendas de que Boluarte se desplazaba a una región complicada, donde habían ocurrido muertes que un sector de la población le atribuye a la mandataria.
Resulta peligroso que cargos no políticos, como la Comandancia General de la PNP y la DINI sean renovados con frecuencia por razones políticas. Negarse a asumir la responsabilidad que le corresponde pinta de cuerpo entero al todavía ministro del Interior, Víctor Torres.
