(OPINIÓN) Yesenia Álvarez: La xenofobia no es el camino

La reciente crisis de migración en la frontera de Perú y Chile vuelve a destapar los peores sentimientos hacia los migrantes. En tiempos precarios para la democracia la migración plantea delicados desafíos para los países de acogida, que es como se le llama a las comunidades en las cuales los migrantes buscan integrarse. Las soluciones no son fáciles, ni están libres de polémicas, pero hay prácticas, medidas y políticas públicas que se pueden tomar y que son respetuosas del derecho internacional; sin embargo, siempre es desconcertante que lo más difícil de enfrentar sea la xenofobia y la percepción pública que se tiene de los migrantes.

En el libro Un mundo mejor para la población migrante en América Latina y el Caribe, del BID y del PNUD (2023), se hace hincapié en que diversos estudios corroboran que la percepción de la ciudadanía y la actitud de la población local hacia las personas migrantes sí afecta las decisiones de política pública relacionadas con los temas migratorios. Por eso vemos que los gobernantes siempre tratan de redituar políticamente a partir de las actitudes xenófobas que pululan en la sociedad.

Contra el migrante se funden lo peor de la izquierda y de la derecha para demostrar quién puede ser más inhumano. Como sostuvo Mario Vargas Llosa en un artículo de 2018 sobre la crisis de los migrantes de Centroamérica, “la paranoia contra el inmigrante no entiende razones y mucho menos estadísticas”.

Y esto es muy peligroso porque en los prejuicios y las actitudes de exclusión hacia los migrantes es donde se apoyan los discursos que fomentan la xenofobia, como el que dio esta semana la presidenta Dina Boluarte. Criminalizar a los extranjeros, es decir, asociar a la población migrante con la inseguridad y el crimen abre las puertas a la xenofobia, la estigmatización, la discriminación y la violencia contra un grupo de personas por su nacionalidad. Es echar más leña al fuego de la crisis migratoria y reforzar la equivocada percepción que tiene la población peruana que cree que la llegada masiva de extranjeros deteriora la seguridad del país. Y esto no es verdad.

Por ejemplo, el boletín “Mitos sobre la criminalidad y la inmigración venezolana al Perú” del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2021), rompe el mito de que los migrantes venezolanos son responsables del aumento de la criminalidad, y señala que “solo un 0.5% del total de denuncias por comisión de hechos delictivos presentadas entre 2016 y el primer trimestre de 2019 corresponde a ciudadanos venezolanos”, según cifras de la Policía Nacional del Perú.

En la publicación “El fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana” de la OIM y del Ministerio Público (2022) se señala que, de acuerdo con la información policial, del total de denuncias recibidas en Lima y Callao, el 0.6% y 0.7% representan las denuncias hechas contra personas venezolanas en los años 2019 y 2020, respectivamente, y concluyen que no se evidencia relación aparente entre la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad hacia la población venezolana.

A la hora de enfrentar esta crisis se nota que la presidenta Boluarte no ha revisado ninguna recomendación de derechos humanos para tratar sin estigmatizar a la población migrante, y tampoco se ha informado que se pueden abordar los temas de migración con un enfoque de seguridad compatible con un trato humanitario, sin estigmatizar y sin ir por el camino de la xenofobia. El fenómeno migratorio ha venido para quedarse, y si queremos vivir en una sociedad libre y democrática es urgente que ayudemos a cambiar las actitudes xenófobas con información y sensibilización, sino seguiremos viendo cómo los gobernantes se apoyan en los prejuicios de la población local para tratar de forma deshumanizante a otras personas.