Esta incongruencia de poner en las instituciones de derechos humanos a los que no los respetan no es exclusiva del Perú, pues asistimos por muchos años al espectáculo antidemocrático de ver a la comunidad internacional otorgarle a Cuba un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo último periodo está vigente desde 2021. Desde que esta instancia fue creada en 2006, Cuba lleva cinco mandatos. Sí, la dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos hace más de seis décadas tiene un espacio en el rol de velar por los derechos fundamentales ante gobiernos abusivos de la región y del mundo.
Y en esta misma línea de incoherencia va lo que hizo la semana pasada el Congreso peruano al elegir a Josué Gutiérrez para defensor del Pueblo. Es lógico que si el Congreso designa a quien ocupa este cargo lo haga influenciado por las fuerzas políticas, pero eso no significa que elijan cualquier cosa, ni en cinco segundos, ni de forma fugaz, ni por “motivos romanticones,” como expresó vergonzosamente el congresista Edwin Martínez de Acción Popular, sin ningún escrúpulo por la gravedad de sus palabras.
Que el Parlamento haya elegido a Gutiérrez es un problema grande en varios aspectos. El primero es la falta de capacidad e idoneidad porque no tiene ninguna especialización ni experiencia en derechos humanos. El segundo aspecto grave está relacionado con su talante autoritario y su incongruencia con la defensa misma de los derechos fundamentales, así ha evitado condenar las dictaduras de Cuba y Venezuela y ha señalado como deformidades a las orientaciones sexuales de las personas LGBTIQ+, y en la misma alocución ha pedido desideologizar, pero citó a Jesús y al evangelio. Un defensor del Pueblo puede ser un creyente, pero debe respetar todos los proyectos de vida y creencias, y es evidente que quien está ideologizado es él al contribuir a construir como un enemigo político a las personas LGBTIQ+ hasta tal punto de equipararlas con violadores, criminales y sicarios.
Un tercer aspecto perjudicial para el país es que el nuevo defensor responde a una propuesta política también de talante autoritario liderada por Vladimir Cerrón. ¡¿Qué ha hecho este Congreso?! ¿Cómo se les ocurre entregarle la Defensoría a quien abiertamente ha dicho que tiene un plan para “llegar, sostenerse y sucederse” en el poder? A una corriente que no cree en la democracia, ni en el Estado de derecho, y que opera bajo la estrategia de que la captura del poder se da donde habita la Constitución real, dentro del Estado y sus instituciones en el día a día. Los que votaron por Gutiérrez y se la pasaron diciendo que enfrentarían al comunismo, rápido se olvidaron de la amenaza que representa Perú Libre para el Estado de derecho. A esos grupos no se les da más poder.
La Defensoría es una institución que vela por los derechos de los ciudadanos y supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal ¿Cómo es posible que esa función se le encargue a alguien que tiene “un respeto muy grande por Cerrón” y que responda a su fuerza política? Claro que ahora que ya ha sido designado dirá que será imparcial y que trabajará para todos, pero sería ingenuo pensar que la influencia de Cerrón llega hasta su designación y que no buscará copar la institución y erosionar el Estado de derecho desde allí, si esa es la esencia de su modelo autoritario plasmado en el plan-ideario de Perú Libre.
La derecha que estaba preocupada porque la izquierda no cambie la Constitución debería preocuparse que un antiderechos tome la Defensoría porque eso no solo es cambiar la Constitución, sino que además significa desnaturalizarla. Estemos alertas porque como dijo un amigo extranjero más que elegir al defensor del Pueblo parece que los congresistas peruanos han elegido a su atacante.