[Opinión] Richard Arce: Nos vamos todos

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sorprendentemente ha expresado la posibilidad del cierre del Congreso como una salida a la crisis política, evidentemente con nuevas elecciones. Este es un mensaje retador, pero que en realidad enmascara el desprestigio del Congreso de la República que, según las encuestas, muestra una mayor desaprobación que el 76% de Pedro Castillo.

Aunque parezca lógico, las expresiones de María del Carmen Alva –viendo las acciones de las bancadas mayoritarias entre las que se que incluye al oficialismo–, es improbable que tengan el respaldo mayoritario de los congresistas. Por tanto, el gran reto es ¿cómo convencer a un Parlamento que se aferra a las quincenas y al que no le importa que haya desgobierno y corrupción en instancias gubernamentales?

Lo importante es que la presión social, con los conflictos sociales embalsados, está permitiendo que se ponga en agenda la posibilidad de un adelanto de elecciones, lo cual significa una esperanza ante tanta incertidumbre política.

No cabe duda de que los destapes de corrupción del gobierno están causando efecto y están haciendo entrar en razón a un sector de la clase política que nos gobierna, aunque no sabemos si es solo una estrategia discursiva para evadir la responsabilidad histórica que tiene de buscar la transición de gobierno en el corto plazo.

Es aquí donde entran a tallar las iniciativas ciudadanas para convocar a diversos colectivos a nivel nacional, no solo a movilizaciones de protesta sino a generar una mayor presión social, pero que no se confunda con una exacerbación de la violencia que nos ha traído la represión y confrontación con la policía y los piquetes de huelguistas, con muertos y heridos de por medio.

Lo real es que el presidente Castillo ha perdido credibilidad y hasta legitimidad para gobernar; por eso el fracaso de sus ocasionales mesas de diálogo –Cuajone por ejemplo–, que al final están empoderando a sectores radicales que han estado manifestándose con violencia, dañando la propiedad pública y privada, e inclusive aprovechándose políticamente.